Message: 13 Date: Sat, 3 Apr 2004 04:51:19 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Sube la demanda en permisos para la construcción
ENDI <http://www.endi.com/> > NEGOCIOS
Sube la demanda en permisos para la construcción
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sábado, 3 de abril de 2004
Por El Nuevo Día
LA JUNTA de Planificación (JP) informó ayer que el número - al igual que el valor - de permisos de construcción y las unidades de vivienda construidas durante el mes de febrero del 2004 aumentaron sustancialmente en comparación con febrero del 2003.
De acuerdo con los datos recopilados por la Junta de Planificación, el valor de los permisos de construcción expedidos durante febrero del 2004 mostró un aumento de 12.7% respecto a febrero del 2003, subiendo de $198.2 millones a $223.4 millones.
El presidente de la JP, Angel Rodríguez, informó que el número de permisos totales aumentaron en un 30.5%. El sector privado creció de 688 permisos en febrero del 2003 a 879 permisos en el 2004, un alza de 27.8%.
Por otro lado, el número de permisos para el sector público aumentó de 41 a 72, un aumento de 75.6%.
En cuanto al número de viviendas totales, Rodríguez dijo que también hubo un aumento de 15%, de 1,474 unidades en febrero de 2003 a 1,695 unidades en febrero del 2004.
Para el año fiscal 2004, el aumento en el valor de los permisos fue de 4.5%.
En términos absolutos, el valor total de los permisos expedidos creció en $86 millones, de $1,891.2 millones a $1,977.2 millones.
Rodríguez dijo que el sector privado aumentó en 4.9%, mientras el valor de los permisos de orden público creció en 3.8%.
POR OTRA parte, el total de permisos creció en lo que va de año fiscal en un 7.3%, de 6,046 en el 2003 a 6,486 en el 2004.
El sector privado tuvo un alza de 4.3% mientras el sector público aumento en un 59%, de 329 permisos a 523 permisos.
Finalmente, dijo que para el año fiscal 2004, el número de viviendas aumentó en un 12.9%, de 12,373 unidades a 13,969 unidades.
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Message: 25 Date: Tue, 27 Apr 2004 12:06:12 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Anticipan repunte en el área de la construcción
Anticipan repunte en el área de la construcción
<http://www.primerahora.com/> PRIMERA HORA > PANORAMA
martes, 27 de abril de 2004
Antonio R. Gómez PRIMERA HORA
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Más construcción para este año.
La industria de la construcción en Puerto Rico experimentará una recuperación en su actividad durante el presente año fiscal, propulsada principalmente por la inversión gubernamental, estima el grupo de estudios económicos del Banco Bilbao Vizcaya (BBVA).
"Se espera que la aceleración de la inversión pública en infraestructura durante el año fiscal corriente induzca un aumento considerable de la construcción. A precios constantes, se espera un aumento cercano al 12 por ciento basado en su totalidad en la expansión de la inversión pública", sostiene el más reciente número de la publicación "Claves Económicas: Puerto Rico", que publica la mencionada entidad bancaria.
"En cuanto a la actividad privada, se espera que se mantenga básicamente en los mismos niveles del año fiscal 2003", agrega el escrito. "Con el alza prevista, la construcción aportaría un poco más de la mitad del crecimiento proyectado de la economía para el año fiscal 2004: un 2.5 por ciento".
La recuperación del sector privado, pronostica la publicación, se producirá durante el año fiscal próximo, aunque se advierte que el ritmo de la expansión en ese sector dependerá de cuánto aumenten las tasas de interés. "Las previsiones del Servicio de Estudios de BBVA contemplan un movimiento al alza en los intereses para fines del año en curso", se indica.
El grupo de estudios económicos del banco concluye, por otra parte, que las bajas que experimentó las industria de la construcción durante los pasados tres años fiscales fueron sustancialmente menores que las que se registraron durante recesiones anteriores.
"La encuesta de construcción que realiza la Junta de Planificación de Puerto Rico revela que la inversión en construcción a precios constantes se redujo levemente en el año fiscal 2003 (menos 3.1 por ciento) tras haber declinado un 4.6 por ciento en el año fiscal 2002 y un 1.1 por ciento en el año fiscal 2001; la merma acumulada en los tres años fue un 8.6 por ciento, se recuerda en el escrito.
"Para poner este ciclo de ajuste en perspectiva, nótese que durante la recesión de mediados de los setenta la inversión en construcción cayó un 37.2 por ciento en sólo dos años (los años fiscales 1976 y 1977), y en la recesión de principios de los ochenta se produjo una caída similar en los tres años fiscales de 1981 a 1983. Sólo después de terminada la expansión de la segunda mitad de los años ochenta (1987 a 1990) se ha visto un ajuste a la baja más leve que el de los pasados tres años. Gracias en buena medida al bajo nivel de las tasas de interés, la construcción ha sobrellevado comparativamente bien el período de atonía económica reciente", concluye.
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Message: 1 Date: Wed, 28 Apr 2004 10:30:40 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Industriales critican la gran dependencia en la contrucción
Industriales critican la gran dependencia en la contrucción
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miércoles, 28 de abril de 2004
Por Magdalys Rodríguez End.mrodriguez@elnuevodia.com <mailto:End.mrodriguez@elnuevodia.com>
LA ASOCIACIÓN de Industriales de Puerto Rico sostuvo ayer que el desarrollo económico del país tiene una dependencia excesiva en la construcción para obtener resultados positivos.
"A falta de alternativas, nuestros gobiernos han adoptado una actitud de que cualquier desarrollo es bueno. Una economía con estas características difícilmente podrá atacar el desarrollo descontrolado", señaló el licenciado Manuel Reyes Alfonso, director de los asuntos legales de la Asociación ante la Subcomisión especial para el desarrollo sustentable de la Cámara de Representantes.
La subcomisión es dirigida por el representante Jorge Colberg Toro y está trabajando un proyecto de ley para crear un plan de uso de terrenos.
Ese proyecto se radicará el 10 de mayo en conjunto con el Senado y se espera se apruebe antes del 25 de mayo en esta sesión, indicó Colberg Toro.
SEGÚN REYES Alfonso, el término desarrollo sustentable es confuso y se presta para su utilización en contextos inadecuados; y la solución a esto no es el establecimiento de más política pública, ni más análisis legislativo, si no la determinación de indicadores reales y medibles para evaluar el éxito o fracaso de las políticas ya aprobadas.
Como indicadores para cualquier propuesta, Reyes mencionó la utilización del suelo y el manejo de los desperdicios sólidos.
Un plan de uso de terrenos es indispensable para la certeza de los inversionistas, dijo. "No es conveniente la especulación al igual que tampoco lo son los cambios de zonificación indiscriminados", señaló Reyes.
"EL CASO de los desperdicios sólidos es otro ejemplo. No vemos avances en este frente pese a que llevamos años viendo políticas en ese sentido. El reciclaje ciudadano es mínimo, los vertederos están cerrando, y cada día vemos más basura en nuestro entorno. Ante esa realidad hay que tomar decisiones drásticas e invertir en nuevas tecnologías pero no lo hacemos. La falta de alternativas para disponer de desperdicios hace a Puerto Rico menos competitivo y algunas industrias se ven obligadas a exportar sus desperdicios añadiendo costos a sus operaciones. Las tecnologías existen pero no estamos invirtiendo en ellas", dijo Reyes.
Opinó, representando a la Asociación, que no somos los únicos con un problema de desarrollo desmedido en el mundo "pero lamentablemente no estamos actuando con la firmeza y determinación que la situación amerita".
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Message: 10 Date: Wed, 28 Apr 2004 12:40:49 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Augurio positivo en el valor de la construcción
Augurio positivo en el valor de la construcción
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miércoles, 28 de abril de 2004
Por Carmen T. Casellas Ccasellas@elnuevodia.com
DURANTE EL año fiscal en curso, la proyectada inversión del Gobierno y de la industria privada debe impulsar un aumento de aproximadamente 12% en el valor de la construcción en Puerto Rico, medido en precios constantes.
El Gobierno será responsable de un 90% del aumento y esa alza del 12% a su vez aportará significativamente al crecimiento de la economía local, que se anticipa será de 2.5%.
Estos son los principales señalamientos resaltados en las "Claves Económicas: Puerto Rico" publicadas por el Servicios de Estudios del BBVA Puerto Rico, en colaboración con Estudios Técnicos.
En el primer semestre del año fiscal 2004 (julio a diciembre de 2003) el valor de los permisos de construcción pública subió un 35.6%, mientras que la medida equivalente del sector privado aumentó un 17.2% en precios corrientes.
Al combinarlos y ajustarlos a precios constantes se produce la mencionada alza de 12%.
SIN EMBARGO, en el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2005, se espera que la construcción del sector privado se reactive, aunque esto dependerá del ambiente de tasas de interés.
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Message: 7 Date: Sat, 8 May 2004 06:18:57 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Reprueba Pietri el proceso regulativo
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Reprueba Pietri el proceso regulativo
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sábado, 8 de mayo de 2004
Por Miguel Díaz Román end.mdiaz2@elnuevodia.com
EL MERCADO de vivienda nueva no podrá satisfacer en el futuro la demanda debido a que se ha experimentado una reducción significativa en la aprobación de consultas de ubicación, lo que causará una merma en la construcción de nuevos proyectos, sostuvo Ivar Pietri, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares (ACH).
Pietri dijo que en los pasados tres años se ha registrado una merma en la aprobación de consultas de ubicación de parte de la Junta de Planificación, cuyo impacto será reducir dramáticamente la oferta de unidades nuevas de vivienda para la venta en los próximos cinco años.
Indicó que la reducción también responde a que las agencias reguladoras que tienen a su cargo aprobar permisos y endosos para proyectos de construcción de vivienda como la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la propia Junta de Planificación se han "atemorizado y trabajan más lento".
Pietri dijo que ese comportamiento es el resultado de la presión que ejercen los grupos ambientalistas y las revocaciones de permisos por los tribunales en los pasados años.
Indicó que estas agencias además están sumidas "en una compleja maraña burocrática" que produce una alarmante lentitud en la aprobación de permisos y endosos. Pietri dijo también que las leyes de cumplimiento ambiental padecen de ambigüedad y están carentes de claridad, lo que permite que se le requiera una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a proyectos que no tienen impacto ambiental significativo.
Pietri dijo que la preparación de una DIA es un proceso complejo que atrasa el cumplimiento de la reglamentación de parte de los desarrolladores y provoca que la aprobación de proyectos consuma más tiempo que el necesario.
El presidente de la ACH también sostuvo "que hay agencias tan lentas en la aprobación de endosos y de permisos que son inoperantes".
DESTACÓ QUE la demanda de vivienda de los pasados tres años ha sido satisfecha con los proyectos que fueron aprobados 5 años atrás. De hecho, Pietri dijo que en los pasados tres años, cuando la economía sufrió una fuerte desaceleración, la venta de viviendas nuevas se mantuvo a niveles aceptables debido a la baja que experimentaron los intereses de préstamos hipotecarios. Según el ejecutivo, aún con los bajos intereses hipotecarios "hubo gente que canceló la venta a última hora".
Señaló que esa reacción surge por la poca confianza que la economía local ejerce en los consumidores, porque nuestra economía "está rezagada en relación con la de los Estados Unidos". Sostuvo que mientras la economía de Estados Unidos crece en 4 % anual, la economía de Puerto Rico crece a niveles de 2% y 2.9%, lo cual no es un incentivo para la inversión.
Pietri dijo que otro factor que atenta contra la economía local es el alegado ambiente hostil de negocios que existe en Puerto Rico por la excesiva reglamentación y el aumento de la oposición de parte de sectores ambientalistas.
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Message: 11 Date: Mon, 10 May 2004 04:34:26 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: En jaque la industria de la construcción
El cuco de siempre, la perdida de empleos. Aquí una muestra mas de la presion por la industria de la construccion a los medios de comunicacion, especialemtne a los periosdicos que dependen de esta industria para sus anuncios y suplementos. Los delitos ambientales en el nuevo Codigo Penal, pondria tras las rejas, si son encontrados culpables, a los del caso de Chiclana y a los que mienten en los documentos ambientales. Los dueños de los periodicos deben de demostrar la misma transparencia y responsabilidad en sus editoriales que exigen del gobierno, de los contrario la libertad de prensa es una cortina de humo.
<http://www.vocero.com/images/vocero_logo.gif> <http://www.vocero.com/images/shim.gif> Edición de: 10 de mayo de 2004 <http://www.vocero.com/images/titulo_Editorial.gif>
En jaque la industria de la construcción La Asamblea Legislativa se encuentra en la etapa final del trámite para aprobar el nuevo Código Penal. Uno de los aspectos que cubre esta importante pieza legislativa trata de delitos ambientales y contiene una serie de preceptos que necesitan ser evaluados cuidadosamente.
Luego de consultar con importantes líderes en la industria de la construcción, banqueros que invierten en proyectos de hogares y profesionales de todas categorías tales, como arquitectos, abogados, ingenieros civiles así como ambientales, nos vemos obligados a alertar al país sobre la grave amenaza que se cierne sobre la industria de construcción de hogares si este proyecto es convertido en ley por la gobernadora Sila Calderón. En esta ocasión nos referimos únicamente a los delitos ambientales aunque oportunamente lo haremos sobre otros aspectos.
En la información que estamos publicando hoy sobre los delitos ambientales resaltan una serie de disposiciones que crearía un clima de incertidumbre de tal naturaleza entre banqueros, desarrolladores y profesionales, que debemos resaltar el hecho de que la misma podría paralizar la industria de construcción de hogares y dejar sin empleo a unos 50 mil trabajadores. Aparte de disposiciones como las señaladas anteriormente, el problema se agrava aún más por el hecho de que las mismas han sido copiadas de códigos ambientales de repúblicas hispanoamericanas para las cuales no existe jurisprudencia reconocida en el ordenamiento jurídico de Puerto Rico, tal como las decisiones de nuestro Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La seriedad del asunto que traemos a la atención pública es de tal naturaleza que la Asamblea Legislativa debe desistir de aprobar el proyecto ante su consideración y dejar para el próximo cuatrienio un tema tan importante como el Código Penal de un país que reclama conducirse por la vía democrática, y que el liderato de la presente administración se enorgullece, con o sin razón, de pregonar que su conducta obedece a una total transparencia. Sería una crasa negligencia y un fatal acto de irresponsabilidad atentar contra el pan de aproximadamente 50 mil familias de obreros puertorriqueños que trabajan en la industria de construcción de hogares.
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Message: 13 Date: Mon, 10 May 2004 04:39:16 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Amenaza a la construcción
<http://www.vocero.com/images/titulo_Locales.gif>
Amenaza a la construcción Por: Dennise Y. Pérez Redactora - EL VOCERO
La industria de la construcción está en estado de alarma ante varias disposiciones ambientales que contiene el controvertible Código Penal y que a su juicio desestabilizaría un sector que aporta con más de 65,000 empleos directos a la economía del país.
Las quejas van desde el lenguaje alegadamente general y confuso que utiliza la ley hasta el hecho de que su voz no fue escuchada en la Legislatura antes de aprobar el Código.
Ivar Pietri, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, denunció en entrevista con EL VOCERO que nunca fue citado a vistas públicas, así como tampoco otras asociaciones profesionales que se afectarían.
"Lo que hemos podido ver en el poco tiempo que hemos tenido para analizar esto es que no ha tenido el debido análisis de parte de todos los posibles afectados", indicó.
Pietri explicó que la discusión pública del Código Penal había girado alrededor de la sodomía y más recientemente de la edad para consentir las relaciones sexuales, pero que nunca se mencionó el aspecto ambiental.
El código fue aprobado en junio del año pasado por el Senado. En medio de controversias se le dio luz verde la semana pasada en la Cámara de Representantes, pero fue detenido en la última fase del proceso legislativo para darle tiempo a la gobernadora Sila Calderón a aclarar sus preocupaciones. Expresamente la Gobernadora admitió el pasado jueves que algunas de ellas son las relacionadas a los delitos ambientales.
"El lenguaje como está ahora mismo está tan amplio, tan general, tan poco específico, que cubre a prácticamente cada ciudadano en Puerto Rico, desde la intimidad de sus propiedades y sus casas hasta en sus trabajos. Esto va mucho más allá de las empresas de nuestra industria. Esta es una preocupación muy grande que tenemos y por eso entendemos que la Gobernadora hizo muy bien en pedir un plazo para analizar nuestros fundamentos. Eso hace falta", indicó.
La Gobernadora nombró un comité para que atendiera sus preocupaciones e incluyó al presidente de la Comisión de lo Jurídico en el Senado, Eudaldo Báez Galib, en el mismo. El senador rechazó la invitación de la Gobernadora, alegando haber estudiado suficientemente la legislación.
"No puedo dejar de notar que en la carta que le envió el senador Báez Galib a la Gobernadora dice que ha realizado todos los estudios necesarios, y que de lo contrario estaría admitiendo una monstruosa irresponsabilidad sin haber agotado todas las fuentes disponibles para análisis y sin haber consultado a todos los sectores del país. A nosotros no se nos consultó nunca", expresó Pietri.
El sector ambiental en el país, así como el representante independentista Víctor García San Inocencio, han tronado contra el proceder de la Gobernadora, por entender que ha cedido ante los "grandes intereses" económicos del país, en desprotección del ambiente, argumento que Pietri rechazó.
"Aquí no hay nadie que represente el interés de que alguien viole una ley ambiental y eso es muy importante porque no respaldamos ni el daño al ambiente ni a las violaciones a las leyes ambientales en Puerto Rico. Eso es falso y es cínico", dijo.
Pietri mencionó como ejemplo el Artículo 43 del Código, donde se definen a los autores del delito. "Eso es tan amplio que puede incluir a cualquier persona. Esto puede incluir a cualquier profesional, a cualquier científico, a cualquier abogado que haya emitido una opinión, a toda una Junta de Directores que haya aprobado una resolución autorizando un contrato. Es algo bien amplio", indicó.
Así mismo llamó la atención sobre el Artículo 46 en que se habla específicamente de las personas jurídicas. "Se hacen extensivas a las personas jurídicas y específicamente dice que no excluye la responsabilidad individual en que puedan participar en el hecho delictivo. Yo me pregunto si los miembros de las juntas de directores en Puerto Rico saben esto y a quién van a reclutar para servir en las juntas en el futuro", cuestionó.
Con respecto a las multas y penalidades, Pietri levantó bandera roja sobre la potestad que tendría un juez de revocar licencias para ejercer profesiones. El Artículo 85, de otro lado, dispone que el juez puede ordenar la suspensión de actividades de la empresa y que podría paralizar toda la actividad de la entidad jurídica.
"Si una corporación se ve envuelta en un asuntos de estos, se le puede suspender la licencia por 6 meses y se estaría penalizando a todos y cada uno de los empleados de una corporación aunque esté trabajando geográficamente en otra parte de la Isla y no tenga absolutamente nada que ver", dijo.
Pietri aseguró que con esta legislación no sólo se afecta la construcción, sino que se afectan todas las empresas en Puerto Rico. Mencionó algunos ejemplos más cotidianos.
"En Puerto Rico más de la mitad de la población vive en residencias que no tienen sistema sanitario y dependen de pozo séptico. Cualquier ciudadano que tenga un pozo séptico que se esté desbordando o que no haya recibido el debido mantenimiento puede ser acusado de estar contaminando las aguas subterráneas de Puerto Rico o de estar contaminando las quebradas si es agua que fluye a un embalse para tomar agua. Esto puede afectar a cualquier residente en Puerto Rico", indicó.
Sobre los comentarios del representante García San Inocencio, Pietri indicó que trivializan la grave preocupación del sector industrial.
"Eso es decir que somos violadores impunes que queremos seguir operando de manera impune y no es cierto. En Puerto Rico tenemos leyes ambientales estatales y estamos bajo la jurisdicción de leyes federales", sostuvo.
"Hay artículos sumamente generales que hablan de ‘grave peligro’, de ‘daños al ambiente’, sin definir qué es el ambiente y qué conlleva daño. En Estados Unidos, las leyes que reglamentan esas cosas son bien específicas y cuando hay violaciones se aplican a cosas específicas", agregó.
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Message: 17 Date: Mon, 10 May 2004 04:52:07 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Tope al espacio urbano de las megatiendas
ENDI <http://www.endi.com/> > NEGOCIOS
Tope al espacio urbano de las megatiendas
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lunes, 10 de mayo de 2004
Por Marian Díaz mdiaz1@elnuevodia.com
EL CENTRO Unido de Detallistas (CUD) está impulsando legislación para que en los cascos urbanos no pueda establecerse ningún comercio que tenga más de 10,000 pies cuadrados.
La iniciativa surge ante la posibilidad de que algunas grandes cadenas empiecen a abrir megatiendas en los centros tradicionales de los pueblos, y desplacen con su presencia a los pequeños comercios que aún operan allí.
Como se sabe, la entidad empresarial ha llevado por años una cruzada en defensa de los pequeños y medianos comercios, en particular de aquellos que ubican en los centros tradicionales, y ha combatido la expansión desmedida de centros comerciales y de megatiendas.
El Nuevo Día supo que el CUD realizó un sondeo entre su matrícula para conocer cuál era el pietaje máximo que los comerciantes entienden que debe permitírsele tener a un comercio que se ubique en un casco urbano. La mayoría de los socios favoreció que se limite a un máximo de 10,000 pies cuadrados la operación de cada negocio.
Con ese resultado, el CUD comenzó a cabildear entre los legisladores para que se radique un proyecto de ley que enmiende la Ley 212 del 29 de agosto de 2002, conocida como la Ley de Revitalización de los Centros Urbanos, a los fines de limitar el espacio de un comercio al detal que se ubique en los centros urbanos.
El objetivo del CUD es que se radique y se apruebe el proyecto en esta sesión legislativa, que es la última del cuatrienio. De esta forma, se podrían detener en cierta manera los planes de cadenas como Wal-Mart que han mostrado interés en establecer algunos de sus conceptos en los centros urbanos.
EN EL CASO de Wal-Mart, la empresa ya ha dicho que tiene planes de abrir en Santurce, en el antiguo local de la ferretería Merino, y no descarta abrir más tiendas en otros cascos tradicionales.
El CUD propone que en caso de que haya comerciantes o cadenas que quieran comenzar o expandir un negocio de más de 10,000 pies cuadrados en un casco urbano, éste tenga que preparar un estudio de viabilidad que muestre el impacto que tendrá ese negocio en el área de mercado ya servida. En ese estudio deberá participar la Junta de Planificación, el gobierno municipal y la Corporación de Comercio y Exportación (antes Fomento Comercial).
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Message: 1 Date: Thu, 13 May 2004 11:12:11 -0300 From: "Sally Tully-Figueroa" <stfpare@prw.net> Subject: Fw: COMUNICADO DE PRENSA - SIN PREOCUPACIONES LOS CONSTRUCTORES
----- Original Message ----- From: Rogelio Figueroa To: undisclosed-recipients: Sent: Thursday, May 13, 2004 10:48 AM Subject: COMUNICADO DE PRENSA - SIN PREOCUPACIONES LOS CONSTRUCTORES
PUERTORRIQUEÑOS POR PUERTO RICO
Teléfono (787) 317-0713, contacto@porpuertorico.com, www.porpuertorico.com
Para publicación inmediata
COMUNICADO DE PRENSA - SIN PREOCUPACIONES LOS CONSTRUCTORES
San Juan - Las preocupaciones de los constructores de hogares y de la banca hipotecaria sobre los delitos ambientales incluidos en el código penal desaparecerían si desistieran de impulsar la construcción de proyectos extensos de viviendas en áreas rurales y comenzaran a redirigir sus recursos hacia la reconstrucción de áreas urbanas ya impactadas, señaló el partido ambiental Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR).
En la opinión de los asesores de desarrollo del PPR, el modelo de urbanismo fundamentado en la construcción en masa de casas unifamiliares en terrenos rurales representa de por sí un alto riesgo de violaciones ambientales, especialmente si se siguen las prácticas actuales de construcción como el corte de las zonas altas y el relleno de las zonas bajas para crear mesetas para construcción. Según Rogelio Figueroa, presidente del PPR, "las dramáticas modificaciones topográficas requeridas por el modelo típico de urbanización de casas unifamiliares en terrenos rurales pueden causar la destrucción de cuerpos de agua, inundaciones en terrenos bajos y traen consigo el riesgo a la vida y propiedad por derrumbes. Por eso es que este modelo es rechazado con mayor frecuencia por comunidades cercanas a estos proyectos."
"En los cascos urbanos hay miles de casas abandonadas y deterioradas y de solares vacíos que muy bien se pueden utilizar para desarrollar sin prácticamente ningún riesgo, además de que los permisos para estos proyectos se pueden obtener de manera rápida, sin necesidad de evaluaciones complejas y con un mínimo de posibilidad de accidentes ambientales".
"El continuo cabildeo político y las costosas campañas de publicidad que usan los constructores y la banca para negar la necesidad urgente de preservar el recurso de tierra en Puerto Rico son contrarios a un reclamo ciudadano cada vez mayor de que se respeten nuestros recursos naturales. También son contrarios a condiciones como el abandono urbano, que son cada día más evidentes y que demuestran que solo mediante la degradación de unas áreas se puede mantener la demanda por nuevas residencias", terminó el líder ambientalista.
Para fotos visitar www.porpuertorico.com
13 de mayo de 2004
Contactos: Rogelio Figueroa Teléfono: 787-317-0713
Lorna Pérez-Carreras Teléfono: 787-622-0002
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Message: 1 Date: Sat, 22 May 2004 08:28:56 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Crecen los permisos de construcción en abril
<http://www.vocero.com/images/titulo_Negocios.gif>
Crecen los permisos de construcción en abril Por: Luisa García Pelatti Redactora EL VOCERO
El número de permisos de construcción expedidos por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) aumentó en abril 9.9%, impulsados por el crecimiento de los permisos para la construcción de proyectos privados, según datos de la Junta de Planificación. No obstante, el valor de los permisos otorgados se redujo 5.7%, en lo que constituye la cuarta caída en el actual año fiscal.
En abril de este año, se solicitaron 834 permisos de construcción, 9.9% más que en el mismo mes del año pasado, cuando la cifra fue de 759 permisos.
En tanto, durante los primeros 10 meses del actual año fiscal, el número de permisos de construcción ha crecido 7.5%. Asimismo, los permisos de construcción de proyectos privados crecieron de 704 a 778, un alza de 10.5%. El número de permisos de construcción para proyectos del gobierno aumentaron de 55 en el 2003 a 56 en abril de este año, un incremento de 1.8%.
El valor de los permisos totales en abril se redujo 5.7%, de $257.9 millones a $243.3 millones. No obstante, en el período de julio a abril, el incremento en el valor de los permisos ha sido de 7.0%.
Por otro lado, el número de permisos para la construcción de viviendas nuevas aumentó 10.4%, de 1,482 en abril de 2003 a 1,636 este año. Este incremento es resultado de un alza de 17.1% en el número de permisos para vivienda privada, mientras que los permisos gubernamentales cayeron 30.8%.
En los primeros 10 meses del actual año fiscal, el número de permisos para la construcción de viviendas nuevas creció 16.6%.
Según los economistas, los permisos de construcción constituyen un indicador adelantado de la actividad de industria de la construcción en los próximos meses, mientras que las ventas de cemento son un indicador de la actividad actual de la industria de la construcción.
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Message: 6 Date: Sun, 27 Jun 2004 07:43:40 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Avanza la obra pública y privada
<http://www.endi.com/> ENDI.COM > <http://www.endi.com/revistanegocios/> Revista Negocios
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Publicado: domingo, 27 de junio de 2004
Construcción
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Por Carmen T. Casellas ccasellas@elnuevodia.com
Avanza la obra pública y privada
LA TEORIA de que la inversión pública en construcción mueve la economía se ha convertido en uno de esos datos que parecen estar tallados en granito. Es una teoría que, tradicionalmente, cobra mayor peso en años electorales.
Sin embargo, a pesar de los méritos que puede tener, no debe opacar el peso de la inversión del sector privado en esta industria clave, la que debe despuntar en el primer semestre del año fiscal 2005 que pronto empieza.
En el año fiscal 2004 que terminará el 30 de junio, la inversión en construcción a precios constantes del sector público debe crecer en un 11.8%, de acuerdo con Claves económicas: Puerto Rico, publicadas por el BBVA Puerto Rico en colaboración con Estudios Técnicos.
Si por otro lado -y también a precios constantes- se estudian las proyecciones de los economistas de H. Calero Consulting Group, que combinan el sector público y el sector privado que se desaceleró, el crecimiento de la inversión total en la construcción debe ser un 4% en el año fiscal 2004.
Ambos estudios destacan que en el año fiscal 2005 bajará la inversión total en construcción. Calero Group coloca el crecimiento total en este renglón en 3.2%, para una baja de 80 puntos porcentuales. "El moméntum de la inversión en el año fiscal 2004 no se sostiene", agregó el economista Juan Castañer.
El sector privado debe aportar más en inversión en el 2005 que en el año anterior, partiendo que el alza en intereses no sea dramática.
Las farmacéuticas, las empresas privadas y los desarrolladores de proyectos de vivienda o comerciales, entre otros, tienen importantes proyectos en curso o en planificación.
De hecho, banqueros como Alberto Nido, vicepresidente ejecutivo senior a cargo de banca mayorista del BBVA Puerto Rico, dice que se ven aumentos en solicitudes de crédito.
"Juzgando por nuestro flujo de transacciones pendientes, algunas de las cuales habían estado esperando permisos, o por las solicitudes con buenas probabilidades de que se concedan, se ve un aumento respecto al mismo período del año anterior", dijo el ejecutivo, agregando que la percepción es que la economía está mejorando.
No hay más que hablar con Josen Rossi, presidente de Aireko Construction, para tener una idea de lo que el sector privado de construcción tiene en mente.
Rossi tiene una de esas visiones amplias y abarcadoras de la industria en la que se desempeña. Destaca la inversión en nuevas o remodeladas plantas por parte de varias farmacéuticas en la Isla, como Pfizer, Johnson & Johnson y Wyeth. "Si se mide el 2003 y el 2004, la inversión anual de este segmento es de $1,000 millones en la combinación de construcción y equipos para nuevas facilidades", dijo, aclarando que entre un poco más de 40% al 50% de la inversión, dependiendo de los equipos, va a la construcción.
Otro sector clave es el turístico. Rossi destacó proyectos como el Centro de Convenciones y los varios hoteles con estructuras en progreso u obras por romper terreno. Destacó, además, la inversión que contemplan en nuevos edificios empresas como V. Suárez o Goya.
De otro lado, el precio de venta de las viviendas residenciales subsidiadas por el Gobierno ha subido a entre $80,000 y $100,000.
De acuerdo con Adolfo González, presidente de Desarrollos Urbanos y vicepresidente de la Asociación de Constructores de Hogares, esto representa una ventaja importante aunque, por otro lado, la llamada permisología se ha complicado aún más que hace seis meses. "La demanda por vivienda sigue fuerte", concluyó el ejecutivo.
Message: 1 Date: Sun, 22 Aug 2004 07:27:09 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Arquitectos en ciernes
ENDI.COM <http://www.endi.com/> > Revista <http://www.endi.com/revistadomingo/> Domingo
<http://www.endi.com/revistadomingo/> < REGRESAR Publicado: domingo, 22 de agosto de 2004
Arquitectos en ciernes
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Por Larissa Vázquez Zapata
"PUEDE QUE acabemos con un millón de dólares en el bolsillo, pero sin poder respirar o sin poder tomar agua", sentencia el arquitecto Eduardo Regis. Por consiguiente, "existe una necesidad imperativa de examinar cómo vivimos y cómo construimos".
Del mismo modo, es vital inculcar en las nuevas generaciones de profesionales de la arquitectura, la planificación, la arquitectura paisajista y el urbanismo, entre otros campos del saber, la necesidad de investigar su entorno y descubrir por sí mismos lo que requiere una transformación.
En Puerto Rico, donde existen dos escuelas de Arquitectura -una en la Universidad de <http://www.upr.edu/> Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y la otra en la Universidad Politécnica, en Hato Rey-, "se están lanzando a la calle muy buenos arquitectos", opina Regis. "Pero hay que exponer el talento local. Que el público en general repiense la ciudad, porque hay espacios que tenemos que solucionar".
Algunos de esos espacios son los que se mencionan a continuación, que han sido estudiados a fondo por estudiantes de arquitectura, quienes a su vez han propuesto proyectos modelo en cada caso. Si bien ninguno de éstos será construido (hasta el momento), resultan de gran interés para todo el que quiera pensar en el futuro de nuestras ciudades.
En el fondo del Caño
Cuarenta y nueve estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Puerto <http://www.upr.edu/> Rico, organizados en cuatro secciones, laboraron intensamente durante varios meses con el Proyecto Enlace, que busca la rehabilitación del Caño Martín Peña y las comunidades que le rodean, por medio de fomentar una relación saludable entre la sociedad (ciudad, comunidad, individuos) y el entorno ambiental, fundamentada en el apoderamiento comunitario y las redes sociales.
"Los procesos de participación pública desde el inicio de los proyectos redundan en mejores propuestas, diseños y proyectos", dice Lyvia Rodríguez del Valle, ayudante especial del Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación y gerente del Proyecto Enlace.
Por lo tanto, "trabajamos con un equipo multidisciplinario, con una metodología que fomenta la participación ciudadana, la coordinación interagencial y las redes con el sector privado con y sin fines de lucro, incluyendo a estudiantes de arquitectura -bajo la dirección de la profesora Magdalena Campos- que ayudaron a que la comunidad pudiera visualizar los cambios que se van a efectuar".
El punto de partida de este proceso es el proyecto de dragado y canalización de la porción este del Caño Martín Peña que se encuentra en un estado crítico de degradación ambiental, resultado de la acción humana, en el cual también intervienen el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y la Sociedad Puertorriqueña de Planificación.
Las ocho comunidades aledañas a este recurso natural, forjadas a través de años de autogestión para solucionar los problemas de vivienda resultantes de la migración campo-ciudad del siglo pasado, se ven afectadas por el estado actual del Caño y por precarias condiciones de vivienda e infraestructura.
"A través de más de 600 actividades de participación pública efectuadas durante un período de dos años, un grupo de consultores y funcionarios de gobierno entablaron un diálogo con residentes y comerciantes de las comunidades afectadas con el fin de elaborar el Plan de Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", elabora Rodríguez.
"Los estudiantes trabajaron con el plan maestro de la estrategia de diseño y urbanismo que es del arquitecto Emilio Martínez", dice Campos, "y nos limitamos a la comunidad de San Ciprián porque tiene todos los ingredientes para mostrarles a ellos la capacidad del desarrollo y la comunidad, de por sí, es una poesía".
"El propósito fue que los estudiantes (el grupo es de segundo año) se insertaran y aportaran más allá en el análisis de un proyecto", añade la arquitecta. "Tener la oportunidad de trabajar en un proyecto real, en una etapa temprana de tu carrera, no es común. Sin embargo, es una experiencia extraordinaria".
"San Ciprián pertenece a Barrio Obrero y se construyó sobre lo que era un cementerio de animales y de personas también, según los hallazgos que obtuvimos", cuenta Campos. "Después del huracán San Ciprián, lo que cayó allí, eso llegó a formar parte de la comunidad. No hay título de propiedad, la mayoría son viejitos y la familia extendida vive en el barrio. Fue importante sensibilizar a los estudiantes con estas características".
"El plan maestro propone regular las calles, crear un espacio público y vivienda nueva, mientras que los estudiantes trabajaron en proyectos individuales de vivienda para envejecientes (hay muchos que se van a quedar, que no quieren un desalojo), centro de cuido para niños con una jugueteca (lo que permite compartir los juguetes sin tener que gastar dinero), comercio y la ampliación de la escuela existente".
"Ahora en San Ciprián no hay una infraestructura adecuada, no hay un flujo hidráulico, las aguas crudas caen al caño y hay ruinas y solares vacantes, para los cuales los estudiantes proponen usos alternos", menciona Campos, coordinadora del proyecto de los arquitectos en ciernes, junto a los profesores Sonia Bazán, Anixa González y Ernesto Rodríguez.
"Barrio Obrero fue planificado, en el desarrollo original, pero los nuevos ocupantes extendieron bloques hacia el caño", explica Campos. El proyecto propone un frente urbano nuevo a la avenida Rexach y desarrollar usos mixtos, por ejemplo, comercios abajo y vivienda arriba.
El Plan de Desarrollo Integral ya se sometió a la Junta de Planificación, que dio el visto bueno para que inicie el proceso de vistas públicas. Además, se aprobó en Cámara y Senado un proyecto del Ejecutivo "que crea la política pública de gobernación con respecto a la corporación a cargo de la implantación de lo que aparece en el plan", dice Rodríguez, "que garantiza su continuidad".
Islas verdes
Su concepto del bosque urbano no se limita a la conservación de grandes terrenos, los cuales son sumamente escasos o prácticamente inexistentes en el centro urbano de San Juan, sino que Tanamay Morales -estudiante ganadora de la Beca TRG - propone otorgarles un uso participativo como parques forestados, para el uso y mejoramiento de la calidad de vida de los puertorriqueños.
Con esto en mente, elaboró un concepto que establece un balance entre lo construido y el entorno natural de las zonas metropolitanas, con la posibilidad de utilizar estos corredores verdes existentes como elementos organizativos en la planificación urbana futura.
Morales, quien cursa estudios en la Escuela Graduada de Arquitectura, Planificación y Preservación de la Universidad de Columbia, en Nueva York, recibió la beca de la firma de arquitectos compuesta por Eduardo Regis, Olga Torres y Magdiel Rodríguez, por su proyecto de fin de carrera para la Nueva Escuela de Arquitectura en la Universidad Politécnica titulado: Islas verdes y el desarrollo de los bosques urbanos en la Zona Metropolitana de San Juan.
La becada propone conectar el Corredor Ecológico, el cual incluye el Jardín Botánico, la Estación Experimental, el Bosque Estatal del Nuevo Milenio y el Bosque Urbano de Doña Inés Mendoza; el antiguo vertedero y sus alrededores y el Bosque Urbano de San Patricio, por medio de corredores y portales que unifiquen las áreas verdes y la ciudad que faciliten la interacción del ciudadano con estos terrenos.
"Es precisamente este tipo de experimentación académica pero práctica y sustentable, la cual busca desarrollar soluciones a problemas urbanísticos y arquitectónicos de vigencia en nuestra Isla", indica Regis, socio gestor de TRG Architects.
"La relevancia de la propuesta de Morales es que evidencia que existen muchas opciones para la replanificación de nuestras ciudades mediante la reforestación y creación de áreas verdes funcionales que aún no hemos contemplado y que podrían funcionar tan bien o mejor de lo que hemos estado haciendo hasta ahora y que existen profesionales capacitados para ofrecerlas, si se les da el espacio para hacerlo", añade Regis.
Las nueve propuestas de tesis sometidas por estudiantes de arquitectura fueron evaluadas por un comité asesor de 12 miembros. Entre éstos había arquitectos, planificadores, líderes comunitarios y representantes del Gobierno, así como de los decanos de las escuelas de arquitectura de la Isla, entre otros. TRG Architects creó la beca hace cuatro años y ésta es la tercera vez que se otorga.
"Propongo insertar el bosque en la ciudad como un sistema íntegro que se relacione de forma interactiva con los asentamientos urbanos y sea capaz de crear un balance entre la infraestructura gris y la infraestructura verde en la Zona Metropolitana de San Juan", dice Morales. "Hay que hacer de la vegetación parte de la vida cotidiana".
Además, el plan incluye acceso peatonal, la creación de estacionamientos, área comercial y charcas de retención para el problema de las zonas inundables. Mientras que el problema estructural de mayor envergadura del proyecto es un puente, donde ubicaría el centro de visitantes, una biblioteca y la Oficina de Administración de Bosques Urbanos. "La alcaldía de Bayamón es el precedente para este concepto del puente habitado", recuerda Regis.
Por otro lado, la propuesta de Morales también es importante, ya que "la Roosevelt se une a la Milla de Oro y a Hato Rey cada vez más. La Roosevelt se va a trancar", vaticina el arquitecto, "entonces tenemos que mirar a las opciones perpendiculares a ella".
Islas verdes también aborda el problema del calor excesivo, porque propone techos vegetados, que podrían reducir hasta en nueve grados Fahrenheit la temperatura interior de las estructuras. "No quiero esconder ni la arquitectura ni la naturaleza", asegura Morales. RD
Message: 1 Date: Mon, 23 Aug 2004 10:12:23 -0400 From: "Miguel Sarriera" <frida@caribe.net> Subject: ENDI.COM Tapón en el sector de la construcción
ENDI.COM: Tapón en el sector de la construcción
----------------------------------------- Fecha: lunes, 23 de agosto de 2004 Título: Tapón en el sector de la construcción Categoría: Negocios ----------------------------------------- Tapón en el sector de la construcción
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Por Miguel Díaz Román end.mdiaz2@elnuevodia.com
Fagundo dijo que también se han afectado proyectos de rehabilitación de los casos urbanos y de las comunidades especiales, que son en parte, coordinados por el DTOP. Archivo/Juan Luis Valentín
DECENAS DE proyectos públicos para la construcción de edificios e infraestructura de carreteras, acueductos y energía eléctrica -que aumentarían la calidad de los servicios a la ciudadanía y cuyo valor asciende a cerca de $1,000 millones- no han comenzado a construirse porque las empresas contratistas no han acudido a las subastas, reveló Fernando Fagundo, titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Fagundo sostuvo que la insólita situación ha estado ocurriendo en los pasados seis meses y responde a que las empresas contratistas están atiborradas de proyectos públicos y privados, lo que les impide aceptar nuevos contratos. El secretario aceptó que la bonanza que experimenta la industria de la construcción es de tal magnitud que la mayor parte de las empresas contratistas tienen varios proyectos a cargo y no pueden aceptar más. "Hemos tenido que decretar desiertas la mayor parte de las subastas en los pasados seis meses. Hemos concedido algunas subastas pequeñas. Esto ha estado ocurriendo en proyectos de carreteras pero también en proyectos de la Autoridad de Edificios Públicos, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica" dijo Fagundo.
El funcionario indicó que también se han afectado proyectos de rehabilitación de los casos urbanos y de las comunidades especiales, que son en parte, coordinados por el DTOP. Señaló que es muy probable que la participación de las empresas en las subastas se reanude, según estas empresas vayan acabando proyectos que tenían en progreso.
Fagundo sostuvo que es muy posible que para el 2005 se estén subastando la mayor parte de los proyectos. Unicamente en los proyectos auspiciados por el DTOP, hay más de $300 millones que no han sido concedidos en subastas, dijo el Secretario. Agregó que los contratistas están actualmente construyendo un enorme cúmulo de proyectos porque en los pasados dos años se han subastado más de $7,800 millones de obra pública.
Fagundo dijo que el pasado año se adjudicaron muchos proyectos de golpe. Otro aspecto que atenta contra la asistencia de empresas en las subastas es la falta de mano de obra diestra, lo que también les impide aceptar proyectos. El Secretario dijo que la mayor parte de los trabajadores diestros ya están contratados por la industria de la construcción.
EL SECRETARIO también indicó que las empresas que han querido asistir a las subastas no pudieron hacerlo porque las empresas aseguradoras se han negado a ofrecerle fianzas para los proyectos. Alegadamente, las aseguradoras se niegan a ofrecer fianzas porque los contratistas tienen su capacidad económica muy comprometida debido a que están construyendo varios proyectos simultáneamente.
Las aseguradoras que ofrecen las fianzas son responsables de terminar los proyectos si las contratistas no pueden hacerlo por insolvencia económica. Las aseguradoras también deben pagar a los suplidores a quienes se les adeuda dinero si los tribunales detienen un proyecto por irregularidades en los permisos y los contratistas no tienen capacidad económica para cumplir con esa responsabilidad.
La incidencia de subastas desiertas ocurre luego de un extenso periodo de tres años a partir del 2001, en el que prácticamente se suspendió la aprobación de nuevos proyectos públicos y privados en las agencias reguladoras como la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos. Esto respondió al cambio en la política de aprobar permisos de parte de la administración de Sila Calderón. El Gobierno comenzó paulatinamente a ofrecer proyectos públicos en subasta a partir del pasado año, por lo que tanto la industria de la construcción como el Gobierno anticipaban un incremento sustancial de proyectos públicos en el 2004.
Otra situación que opera contra la participación de empresas en las subastas es que en la Isla no existen grandes compañías de construcción, lo que ha causado que las empresas que operan en el país, que no son tan grandes, no puedan aceptar numerosos proyectos.
La más grande empresa contratista en infraestructura de carreteras en la Isla lo fue Redondo Construction, quien llegó a tener 5,000 trabajadores. Redondo se declaró culpable de cargos por corrupción en el Tribunal Federal de San Juan, tras lo cual se le impidió licitar en subastas del Gobierno local.
EL ECONOMISTA Luis Benítez señaló que a corto plazo un posible efecto de que las empresas contratistas no han acudido a las subastas, será que el esperado repunte en la economía de la Isla no se dará como se esperaba. Indicó que la industria de la construcción es una parte fundamental del esperado repunte porque genera más de 90,000 empleos directos e indirectos.
Benítez agregó que al no subastarse los $1,000 millones se detiene la creación de nuevos empleos en este sector. Los datos recopilados por la Junta de Planificación indican que la industria de la construcción creó 7,000 empleos entre el 2003 y 2004, porque el empleo aumentó de 83,000 puestos de trabajo a 90,000.
Benítez dijo que el efecto a largo plazo es que el fisco deberá pagar más por esos proyectos cuando finalmente sean subastados porque los costos de construcción aumentarán como resultado de la inflación de precios que experimentan actualmente los materiales de construcción. Sostuvo que si sigue la espiral ascendente en el costo del petróleo y sus productos derivados, es inminente que todos los insumos de la industria de la construcción experimenten aumentos de precio adicionales.
El economista Fernando Zalacaín señaló que los $1,000 millones representan el 25% de la inversión pública para el año fiscal 2003-2004, lo que deberá tener un impacto en la economía este año. Sin embargo, Zalacaín dijo que esos proyectos serán subastados y se comenzarán a construir para el año fiscal 2004-2005, lo que implica que tendrán un impacto positivo en esos años.
Message: 7 Date: Tue, 24 Aug 2004 05:29:49 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Cautelosos los contratistas
ENDI <http://www.endi.com/> > NEGOCIOS
Cautelosos los contratistas
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martes, 24 de agosto de 2004
Por Miguel Díaz Román end.mdiaz2@elnuevodia.com
LA AUSENCIA de contratistas en las subastas del Gobierno responde a que la administración de Sila Calderón aprobó en el último año del cuatrienio una gran cantidad de nuevos proyectos que han superado la capacidad de operación de estas empresas, señaló Jorge Fuentes, presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América (CGA).
Fuentes indicó que regularmente y por razones de la política partidista, las administraciones de turno en el Gobierno reservan la mayor parte de sus proyectos para los últimos dos años del cuatrienio. Pero indicó que bajo la presente administración "la cosa ha sido distinta y el grueso de los proyectos se reservaron para el último año, lo que ha causado un ataponamiento de proyectos".
Agregó que el país también experimenta una merma de empresas contratistas que surgieron durante el "boom" de la construcción entre 1996 y el 2000. Esta merma responde a que durante los primeros tres años de esta administración, especialmente en el 2001 y en el 2002, el Gobierno paralizó la construcción pública y se detuvo sustancialmente la aprobación de nuevos proyectos públicos y privados. Esto causó que muchos de estos contratistas se fueran a la quiebra por falta de ingresos para enfrentar las deudas que contrajeron en años anteriores.
Un contratista que no quiso ser identificado indicó que otro factor que está contribuyendo a los problemas financieros de las empresas es la tardanza, en algunos casos en exceso de 90 días, de las agencias del Gobierno en realizar pagos por los trabajos completados.
Fuentes dijo que los contratistas que han sobrevivido tuvieron que despedir numerosos empleados para reducir su tamaño y ajustarse a las exigencias del mercado. Señaló que la industria de la construcción no opera igual que otros sectores de la economía, por lo que es imposible esperar que los contratistas aumenten su tamaño, recluten más empleados y adquieran más equipos porque el Gobierno aumentó de golpe la cantidad de proyectos en subasta.
"NUESTRA EMPRESA , Gabriel Fuentes Construction Inc. no puede coger un proyecto más. Igual que nosotros hay muchos contratistas", dijo Fuentes.
Sostuvo que para determinar su crecimiento los contratistas tienen en perspectiva los proyectos que se están construyendo y los que se realizarán en el futuro. Indicó que hay incertidumbre sobre la cantidad de proyectos que podría generar el Gobierno en el futuro, lo que ha provocado que los contratistas sean más escépticos y conservadores, aunque reconoció "que cada contratista tiene su propia estrategia".
Fuentes señaló que otra situación que atenta contra la participación de los contratistas en las subastas es que se ha reducido la capacidad de las aseguradoras para ofrecer fianzas y que muchas de las aseguradoras "se niegan a ofrecer fianzas para nuevos proyectos si entienden que los contratistas tienen comprometido su capital con los proyectos que están trabajado".
"Las aseguradoras son el socio del contratista y las decisiones se toman en conjunto, porque la aseguradora será responsable del proyecto también", dijo el presidente de la ACG.
Indicó que la experiencia es que las aseguradoras se niegan a ofrecer fianzas para determinados proyectos que pueden causar complicaciones ambientales o que tiene una alta probabilidad de que sean impugnados en los tribunales.
DE HECHO , Fuentes dijo que los proyectos paralizados en los tribunales por irregularidades en los permisos tuvo un gran impacto en las aseguradoras y en las instituciones financieras que ofrece el llamado financiamiento intermedio, que permite pagar a los suplidores y el pago de nómina.
"Los bancos y las aseguradoras son más estrictas y eso también nos ha traído contratiempos a los contratistas", dijo Fuentes.
Señaló que la ACG entiende que el Gobierno debe hacer lo más posible para que los permisos que se aprueben sean finales y firmes y no estén sujetos a revisión judicial, luego de que comenzó la construcción.
Message: 12 Date: Fri, 03 Sep 2004 05:25:44 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Contentos los contratistas
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Contentos los contratistas
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viernes, 3 de septiembre de 2004
Por Sandra Morales Blanes end.smorales@elnuevodia.com
RIO GRANDE - Varios miembros de la Asociación de Contratistas Generales de América (ACGA), capítulo de Puerto Rico, se mostraron satisfechos con los compromisos programáticos de gobierno y las promesas que hicieron ayer los candidatos a la gobernación Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló.
Evitaron favorecer las plataformas de uno u otro candidato. No obstante, reconocieron que Acevedo Vilá lució mejor preparado y fue más asertivo al tocar los puntos específicos que afectan a ingenieros, desarrolladores, arquitectos y demás profesionales que participaron del foro de candidatos celebrado ayer como parte de la Décima Cumbre de la Industria de la Construcción.
La convención se celebra este fin de semana en el Hotel Westin Río Mar de Río Grande.
El candidato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, se ausentó por encontrarse fuera del país y ocupó su lugar Edwin Irizarry Mora, aspirante a comisionado residente.
Entre las promesas específicas que provocaron aplausos de los participantes, estuvo la disposición de ambos candidatos en revisar el nuevo y controversial Código Penal. Acevedo Vilá se comprometió en dialogar con sectores ambientalistas y de la construcción para estudiar posibles cambios al mismo que favorezcan ambos sectores. Rosselló fue más allá y dijo que revisará el mismo "extensamente" y que estaría dispuesto a derogarlo de ser necesario.
UNA DE las mayores quejas de ingenieros y desarrolladores, es que en el Código Penal se establecen como delitos graves daños que pudieran ser comunes y que antes eran resueltos bajo procesos administrativos. El ingeniero y presidente de RB Construction, Manuel Suárez, ejemplificó a El Nuevo Día el hecho de que se caiga un "dron" de diesel en la carretera mientras esté siendo transportado a un proyecto. Dijo que si el combustible cae por una alcantarilla y llega hasta un río los involucrados podrían ser procesados criminalmente.
"El problema es que ahora van a estar criminalizando esas acciones. Alguien comete un error en un proyecto, un accidente involuntario y entonces lo van a juzgar criminalmente", señaló preocupado Suárez, pasado presidente de la ACGA.
José González y Elpidio Rivera, otros dos pasados presidentes de la ACGA, coincidieron con Suárez en que el nuevo Código Penal no debe ser implantado tal como está porque podría afectar la industria de la construcción seriamente, entre otras razones.
Otra de las propuestas que favorecieron los entrevistados fue la disposición de Acevedo Vilá y de Rosselló en establecer un Plan de Uso de Terrenos para lograr de una vez y por todas una clasificación de todos los terrenos de la Isla. Esto ayudaría, entre otras cosas, a agilizar la adjudicación de permisología que hoy es de los principales problemas que enfrentan las empresas desarrolladoras y a su vez evitaría que se otorguen permisos de construcción en tierras de valor ecológico.
EN EL caso de Rosselló, fue más específico y presentó el concepto de Isla-Ciudad en el que promete un desarrollo respetando las reservas naturales existentes. El concepto tiene dos componentes principales: la creación de un "Gran Parque de Puerto Rico" y la preservación de corredores ecológicos que unan los espacios comunitarios alrededor de toda la Isla, según explicó a los presentes.
Tanto Acevedo Vilá como Rosselló también prometieron la implantación de "una contratación uniforme" para evitar que discrepancias que surgen en las agencias de gobierno, por reglamentaciones diferentes que puedan tener y que provocan tranques en los procedimientos. Los aplausos también se escucharon cuando ambos candidatos dijeron estar dispuestos a establecer como política pública que una vez se otorguen los permisos de construcción por parte del gobierno la validez del mismo se mantenga y se defienda en caso de producirse una acción en los tribunales.
"La validez del permiso es algo que no se puede perder. Ahora mismo los problemas que nosotros tenemos dentro de la industria es que después que la agencia otorga los permisos pueden ser revocados por el tribunal y paran los proyectos", agregó José González, presidente de Nogama Construction.
Message: 8 Date: Wed, 13 Oct 2004 06:47:09 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Merma la actividad de construcción
<http://www.vocero.com/images/vocero_logo.gif> <http://64.213.241.34/banners/redir.asp?id=61&Z=A1> <http://www.vocero.com/images/shim.gif> Edición de: 13 de octubre de 2004 <http://www.vocero.com/images/titulo_Negocios.gif>
Merma la actividad de construcción Por: Luisa García Pelatti Redactora EL VOCERO
El número de permisos de construcción expedidos por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) cayó 23.5% en el mes de julio, en lo que constituye el mayor declive en casi seis años, según datos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Por otro lado, los permisos para nuevas unidades de vivienda disminuyeron 28.9%, lo que representa la tercera caída consecutiva.
En julio de este año se solicitaron 693 permisos de construcción, 213 menos (-23.5%) que en el mismo mes del año pasado, cuando la cifra fue de 906 permisos. Este es el mayor descenso desde octubre de 1998. En los primeros siete meses de 2004, el número ha crecido 2.7%.
Para el período, los permisos para proyectos privados cayeron de 766 a 654, una baja de 14.6% (la primera en seis meses); mientras, el número de permisos de construcción para proyectos del gobierno disminuyó de 140 en 2003 a 39 en julio de este año, una caída de 72.1%. Este es el segundo descenso consecutivo y el mayor desde diciembre de 2001.
El valor de los permisos totales se redujo 0.3%, de $234.9 millones a $234.3 millones. Esta caída se debe a una reducción de 2.4% en el valor de los permisos de construcción para el sector público, mientras que en el sector privado el valor creció 1.2%. En los primeros siete meses de 2004, el valor de los permisos ha crecido 5.0%.
Por otro lado, el número de permisos para la construcción de viviendas nuevas se redujo 28.9%, de 2,446 en julio de 2003 a 1,738 este año. Esta es la tercera caída consecutiva y la mayor en los últimos seis meses. Mientras, durante los primeros siete meses de este año, el número de permisos en este renglón se ha reducido 5.7%.
En tanto, el número de viviendas gubernamentales se redujo 9.8%, mientras que el número de permisos para la construcción de viviendas privadas bajó 35.0%.
Según los economistas, los permisos de construcción constituyen un indicador adelantado de la actividad de industria de la construcción en los próximos meses, mientras que las ventas de cemento son un indicador de la actividad actual de la industria de la construcción.
Message: 16 Date: Sat, 16 Oct 2004 07:00:16 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Contratistas alarmados
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Contratistas alarmados
sábado, 16 de octubre de 2004
Por Miguel Díaz Román end.mdiaz2@elnuevodia.com
LA INDUSTRIA de la construcción enfrenta su segura paralización si el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprueba un nuevo reglamento para regir las actividades sobre la corteza terrestre, sostuvieron ayer las tres principales organizaciones que representan sectores de la industria de construcción.
La Asociación de Contratistas Generales de América (ACGA), la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) y la Asociación de Industrias Productoras de Agregados (AIPA) hicieron la denuncia luego de terminada una vista administrativa del nuevo reglamento de extracción, excavación, remoción y dragado de la corteza terrestre.
La vista se llevó a cabo en el DRNA en Puerta de Tierra. Se espera que el DRNA emita una decisión sobre el reglamento en las próximos semanas.
Las organizaciones señalaron que el nuevo reglamento impone requisitos que dilatarán la extracción de agregados en las canteras e impone limitaciones en el uso de explosivos. Agregaron que el reglamento creará las condiciones para que el DRNA decida cuando un permiso de extracción de la corteza terrestre es final y firme.
Jesús Burgos, presidente de AIPA, señaló que esta disposición es ilegal porque la decisión sobre cuando un permiso es final y firme ocurre luego de transcurridos los términos establecidos para la revisión judicial de un permiso aprobado y no por disposición de una agencia.
Una de las disposiciones más polémicas es la que la impone al DRNA la obligación de supervisar el uso de los explosivos para facilitar la extracción de corteza terrestre. También establece que las explosiones serán efectuadas en un punto que deberá mantener un mínimo de 300 metros desde el lugar de la explosión hasta la colindancia de la cantera o la propiedad dónde se vaya a realizar.
Burgos dijo que este requisito sacará del mercado a decenas de canteras porque son tan pequeñas que no podrán efectuar explosiones. "Esto reducirá la oferta de agregados a pocas canteras lo que causara un alza en los costos y dificultades para satisfacer la demanda", dijo Burgos.
Otra disposición que también afectaría a las canteras y los proyectos de construcción es la que limita los trabajos de extracción de lunes a viernes y la que exige que los permisos de corteza terrestre que emita el DRNA sean avalados o denegados por los municipios.
Ivar Pietri, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, dijo que la celebración de las vistas públicas del reglamento fue "ultra vires" porque el nuevo reglamento no tiene aprobado una declaración de impacto ambiental (DIA). Indicó que la DIA que existe se hizo para la versión anterior de reglamento y que la nueva versión requiere otra DIA.
Agregó que el nuevo reglamento tampoco cumplió con el requisito de que el Procurador de Pequeños Negocios (PPN) lo evaluara para conocer el impacto en los pequeños negocios. Sostuvo que la ley de flexibilidad administrativa exige que todos los reglamentos del Gobierno sean evaluados por el PPN.
Jorge Fuentes, presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América, dijo que el lenguaje del reglamento es ambiguo y se puede prestar para que se tomen determinaciones de corte político partidista. Sostuvo que el nuevo reglamento atentará contra las canteras y la industria de la construcción porque le impone más requisitos para poder llevar a cabo obras de construcción, públicas y privadas. Indicó que los nuevos requisitos para efectuar excavaciones dilatan los proyectos e incrementan costos de producción. Indicó que el reglamento dispone que estas decisiones las tomará el secretario del DRNA.