Message: 9 Date: Thu, 23 Sep 2004 05:53:46 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Urge declarar reserva al Valle del Cibuco
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Urge declarar reserva al Valle del Cibuco
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jueves, 23 de septiembre de 2004
Por Agencia EFE
EL SENADOR popular Angel Rodríguez Otero, urgió ayer a la gobernadora Sila Calderón a que firme un proyecto que declara al Valle del Cibuco en Corozal como una reserva agrícola.
Rodríguez Otero dijo en un comunicado de prensa que hoy vence el plazo establecido por ley para que la Gobernadora tome una decisión sobre la medida.
"Este proyecto busca hacer justicia ambiental y encaminar un proceso que sirva de ejemplo para una planificación integral de los recursos, que beneficie a las comunidades y a las futuras generaciones", puntualizó el senador del distrito de Guayama.
Agregó que "el Cibuco ha sido impactado por la pobre planificación, ha sido escenario en estos días de los embates de la Naturaleza y la consecuencia ha sido la pérdida de hogares y la sedimentación de los cuerpos de agua".
AÑADIÓ QUE "el impetuoso desarrollo regido por los criterios de rentabilidad a corto plazo... ha generado un cúmulo de problemas ecológicos que nada ayudan al futuro".
Message: 10 Date: Thu, 23 Sep 2004 06:04:21 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Residencias de Corozal en peligro
Residencias de Corozal en peligro ARPE inspecciona en Valle de Aramaná
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jueves, 23 de septiembre de 2004
Sara M. Justicia Doll PRIMERA HORA _____
Investigan situación de residencias en Valle de Aramaná, Corozal.
El titular de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), Luis Velez Roche, envió ayer al mediodía inspectores al proyecto de vivienda Valle de Aramaná, en el barrio Cibuco, en Corozal, donde los vecinos denunciaron el martes que la situación que viven es una de emergencia.
Las 94 viviendas están a punto de derrumbarse, unas encima de otras, debido a corrientes subterráneas que socavan las bases de las estructuras y por corrientes de agua procedentes de los tributarios del río Cibuco y que bajan del monte donde queda la urbanización.
"En esta inspección, que incluyó la documentación con fotografías, se va a ver lo que ha ocurrido en el lugar para preparar un informe final. Luego de que esté listo, que esperamos sea a finales de esta semana, se determinará a quién fijar responsabilidades", informó en entrevista telefónica el Administrador.
Aunque ha pasado mucho tiempo y el permiso de urbanización se otorgó al despacho de ingenieros Antonio Joglar y Asociados en 1995, Vélez Roche dijo que todavía existe espacio para imponer penalidades a los responsables. Vélez Roche dijo que existe un informe de suelos sometido a ARPE por Joglar y Asociados, que habrá que revisar para determinar su validez.
Ayer la abogada Jessica Rodríguez, especialista en derecho ambiental y portavoz de los vecinos, volvió a responsabilizar a la senadora penepé Norma Burgos, quien como presidenta de la Junta de Planificación para aquella época dio su firma al plan de ubicación del proyecto, aunque ésta dijera que eso fue algo procesal y que ella nunca estuvo en las reuniones donde se discutió la propuesta del proyecto.
"Ella autorizó con su firma el proceso de consulta de ubicación, que es la cabeza del cuerpo de los permisos. Sin esa consulta de esa ubicación aprobada no existe procedimiento ante ARPE", dijo la abogada.
Ésta agregó que antes de cualquier consulta de ubicación deben estar finalizados los estudios de suelos, geotécnicos, hidrológicos acumulativos, estudios de impacto ambiental para en ese momento detener o dejar que continúe un proyecto, algo que aparentemente no sucedió en el caso de Aramaná. La abogada dijo que ni siquiera existe una Declaración de Impacto Ambiental para el mismo.
"Era su deber ministerial y su obligación constitucional la de asegurarse que previo a la autorizacion de la consulta de la ubicación se hubiera verificado que no se iban a crear impactos ambientales", dijo.
Cerca de siete vecinos de dicha urbanización han recibido órdenes de desalojo de parte de la Defensa Civil. Al igual que el martes, ayer la firma de desarrolladores del proyecto no contestó llamadas a este diario.
Message: 10 Date: Fri, 24 Sep 2004 05:13:50 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Permisos bajo la lupa del Ejecutivo
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Permisos bajo la lupa del Ejecutivo
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viernes, 24 de septiembre de 2004
Por José Javier Pérez end.jperez1@elnuevodia.com
COROZAL - La gobernadora Sila Calderón ordenó ayer una investigación sobre el proceso de otorgamiento de permisos en la urbanización Valle de Aramaná en este municipio, que sufre peligrosos deslizamientos de terreno que se agravan durante eventos de mucha lluvia, como las que dejó la tormenta Jeanne.
Los permisos fueron otorgados en 1993 cuando la Junta de Planificación estaba al mando de la ahora senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos. El proyecto se construyó en 1996.
Geólogos de la empresa URS Caribe ya realizaron una inspección visual del área tras la cual confirmaron que el terreno es calizo, no percola y cuando el agua baja de áreas altas se acumula creando inestabilidad, deslizamientos y también provocando el desbordamiento de pozos sépticos, informó Ileana Echegoyen, secretaria de la Vivienda.
Hoy se instalarán unos equipos para medir de forma precisa el grado de desplazamiento de los terrenos en este lugar dijo la funcionaria quien junto a la gobernadora Calderón visitó esta comunidad ayer. La investigación podría tomar unas dos semanas, dijo la secretaria.
Los vecinos tienen hasta diez años para incoar reclamaciones al desarrollador del proyecto, la empresa Antonio Joglar y Asociados.
EL CASO de Valle Aramaná es sólo uno de muchas casos en Puerto Rico de comunidades que, por ubicarse en áreas inapropiadas, se enfrentan ahora a situaciones peligrosas. Es el ejemplo de los desastres sociales que suceden cuando el ser humano interviene con la Naturaleza incrementando con ello su vulnerabilidad, según han dicho planificadores y ecólogos.
De otra parte, Calderón anunció durante la visita que firmará un estatuto para declarar el fértil Valle del Cibuco en Corozal como una reserva agrícola ya sea mediante firma de ley u orden ejecutiva. Ayer vencía el término para que la Mandataria firmara una medida a esos efectos. Ella explicó que si surgen dificultades legales que le impidan firmarla, se irá por la vía de la orden ejecutiva, tal y como hizo con el caso de la Reserva Las Cucharillas en Cataño.
Calderón se trasladó luego al municipio de Vega Baja donde visitó el residencial Enrique Catón. Allí anunció la aprobación de una moratoria para que las familias que viven en residenciales públicos, ubicados en los 56 municipios incluidos en la declaración de emergencia, tengan un mes para pagar sus rentas.
La moratoria beneficiaría a 14,241 familias y aplica a rentas de hasta $250 mensuales.
Calderón, que ayer cumplió 62 años de edad, y quien dijo que celebrará su día "con su esposo, íntimamente", anunció también que el miércoles firmó el Proyecto de la Cámara 4649 que crea la Reserva Agrícola de Vega Baja. Estos terrenos cubren un área de 2,200 cuerdas que en su mayoría pertenecen a la Autoridad de Tierras.
Con lo anterior Vega Baja se convierte en el municipio con más terrenos dedicados a la agricultura (41%), dijo su alcalde, Luis Meléndez Cano.
Esta ley ordena además a la Junta de Planificación a preparar un Reglamento de Zonificación Especial que asegure preservar a largo plazo el carácter agrícola de los terrenos en la zona, sin tener que menoscabar derechos privados existentes.
Message: 13 Date: Tue, 28 Sep 2004 07:20:58 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Establecen plan en lo que preparan estudio sobre terrenos en Corozal
Establecen plan en lo que preparan estudio sobre terrenos en Corozal Posibles derrumbes en Valle de Aramaná
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martes, 28 de septiembre de 2004
Sara M. Justicia Doll PRIMERA HORA _____
De no afectarse por las elecciones, en noviembre estará listo el estudio que encomendó la secretaria de la Vivienda, Ileana Echegoyen, a la compañía de ingenieros URS Caribe, para evaluar la situación de los terrenos de la urbanización Valle de Aramaná, en Corozal.
Las 94 viviendas que componen la comunidad están a punto de derrumbarse unas encima de otras por corrientes subterráneas que socavan las bases de las estructuras y por corrientes de agua procedentes de los tributarios del río Cibuco y que bajan del monte donde queda la urbanización.
PRIMERA HORA obtuvo un informe de situación de parte de URS en el que se determinó un plan de trabajo. Después de la visita de campo realizada el viernes, el plan se dividió en cinco fases.
Según informó la Secretaria de la Vivienda, por el momento no se vislumbra el desalojo de los vecinos del lugar. "No se contempla movilizar a las personas porque ahora mismo el terreno no representa un peligro inminente", dijo Echegoyen a través de su directora de comunicaciones, Lilliana Vergara.
Por el momento, Vivienda confía en las medidas correctivas que forman parte del plan de trabajo propuesto por URS. La primera fase del mismo, que se haría entre ayer y hoy, consiste en la movilización de equipo pesado y brigada de agrimensura al lugar.
La segunda fase contempla la instalación de inclinómetros y pruebas de precolación del terreno para poder definir las posibles causas del deslizamiento. Estos trabajos durarán tres semanas. Se hará una lectura a los inclinómetros en la tercera etapa para definir el plano de falla del talud.
Durante la recolección de datos se tomarán medidas temporeras para evitar que el talud siga deslizándose. En la cuarta fase se tomarán medidas correctivas interinas, que incluyen la limpieza de los pozos sépticos, la instalación de monumentos y construcción de un canal interceptor para disponer de las aguas superficiales. Dicho canal evitará que esta agua discurra por el talud.
La quinta fase constará de la interpretación de los datos de campo y se harán recomendaciones de mitigación. Este informe será rendido en noviembre.
Por su parte, la abogada de los vecinos, Jessica Rodríguez Martín, agradeció la intervención del Departamento de la Vivienda, pero agregó que "esperamos que el compromiso que han asumido lo formalicen de tal manera que prevalezca en caso de que el Departamento de la Vivienda cambie de titular. Los vecinos tienen el deseo de constatar que posteriormente los costes de esos estudios el Departamento de la Vivienda se los reclame al desarrollador (Antonio Joglar y Asociados) para que no sea el pueblo de Puerto Rico el que tenga que asumir con la carga económica del abuso que allí se cometió".