7 de mayo 2004?
<enlacepr@direcway.com> Subject: Senado retiene el proyecto del nuevo Código
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Senado retiene el proyecto del nuevo Código Por: María Vera Redactora EL VOCERO
Contrario a lo que se esperaba, el Senado no concurrió ayer con los cambios que le hizo la Cámara de Representantes al nuevo Código Penal, por lo que se retrasa su conversión en ley.
El presidente senatorial, Antonio Fas Alzamora, dijo ayer que no concurrirían con los cambios para evitar que el proyecto se envíe a la Fortaleza y comience a contar el término de 10 días que tiene la gobernadora Sila Calderón para convertirlo en ley. Si no lo firma en ese término queda vetado.
Explicó que la Gobernadora le pidió tiempo para evaluar la medida y que por eso decidieron posponer su aprobación final. Confirmó que la Gobernadora creó un grupo de trabajo para que lo evalúen y se pueda aprobar antes de que termine la actual sesión, el 31 de junio.
Sostuvo que las principales dudas se relacionan a los nuevos delitos ambientales que crea el Código. Dijo que es natural que la Rama Ejecutiva pida tiempo para evaluar ese cuerpo de leyes porque la Legislatura tuvo tres años para analizarlo.
"La Rama Ejecutiva pidió espacio en su participación para convertirlo en ley… Es justo ese reclamo", aseguró Fas Alzamora.
Mientras, en el Senado se discutió ayer una medida que enmienda la ley que crea la Administración de Reglamentos y Permisos para que esa entidad, al igual que los Municipios Autónomos, tengan la obligación de verificar la existencia de restricciones o servidumbres inscritas en el Registro de la Propiedad que limiten el uso de fincas. Esa información deberán usarla a la hora de otorgar o denegar permisos de uso o de construcción.
Otra medida evaluada es la que busca otorgar al Presidente del Tribunal Supremo la potestad para que reglamente todo lo relacionado a la conservación o disposición de documentos oficiales. También avalaron una medida que aumenta la indemnización que recibe un empleado contratado por la empresa privada que haya sido despedido sin que haya mediado justa causa.
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Message: 21 Date: Fri, 07 May 2004 06:06:04 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Sila frena el Código
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Sila frena el Código Por: Ivis Negrón Pérez Redactora EL VOCERO
A sólo semanas de que concluya la última sesión legislativa del cuatrienio, la gobernadora Sila María Calderón detuvo la aprobación del proyecto sobre el nuevo Código Penal para reconsiderar aspectos relacionados con los términos de las penas y los delitos ambientales.
Calderón ordenó la evaluación a un comité constituido por los secretarios de los Departamentos de Justicia y Recursos Naturales, los presidentes de las comisiones de lo Jurídico de Senado y Cámara, y su asesora en asuntos legislativos. El comité deberá rendirle un informe "la próxima semana".
Específicamente, la Gobernadora mostró preocupación sobre los artículos que tienen que ver con los delitos ambientales y con los términos de las penas. Ambas áreas han sido objeto de crítica por parte de la oposición política. Asimismo, Calderón indicó que el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Luis Enrique Rodríguez, le solicitó una nueva evaluación de los asuntos ambientales incluidos en el Código.
El Senado se proponía ayer aprobar las enmiendas que sometió la Cámara de Representantes para referir la medida a la Fortaleza, pero dicha acción fue frenada a petición de la Gobernadora. "El proyecto no se me había presentado a mí con el detalle que requiere un análisis de esta naturaleza", manifestó ayer durante una rueda de prensa.
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Message: 1 Date: Fri, 07 May 2004 06:10:38 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Sila toma tiempo para revisar el Código
Sila toma tiempo para revisar el Código
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
viernes, 7 de mayo de 2004
Maritza Díaz Alcaide e Irene Garzón Fernández PRIMERA HORA _____
Movida inesperada.
La gobernadora Sila M. Calderón frenó ayer la aprobación final del nuevo Código Penal al pedir tiempo para evaluar la legislación, particularmente en lo relativo a los términos de los castigos y los delitos ambientales que se le adicionan.
La Primera Ejecutiva le solicitó al presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, que se le brindara oportunidad al Ejecutivo de "examinar con detenimiento y de manera responsable los distintos aspectos del Código Penal propuesto".
En medio de la lluvia de críticas que ha lanzado el Partido Nuevo Progresista (PNP), Calderón determinó constituir un grupo de trabajo que quedó integrado por la secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez; el secretario de Recursos Naturales, Luis E. Rodríguez; los presidentes de las comisiones de lo Jurídico de la Cámara y del Senado, Charlie Hernández y Eudaldo Báez Galib, y la asesora en asuntos legislativos de la Fortaleza, Betsy Asencio.
"Un proyecto trascendental como la revisión de nuestro Código Penal requiere un análisis abarcador y profundo por todas las partes. Como Gobernadora quiero asegurarme de lo que llevo a cabo con el detenimiento y rigor que exige una medida tan fundamental como ésta", dijo la mandataria en conferencia de prensa.
Aunque la titular de Justicia participó en la evaluación del Código e hizo algunas observaciones, Calderón insistió en que es necesario que la administración lo evalúe más de cerca.
Reconoció que hubo 17 audiencias públicas y que la medida es producto del estudio y evaluación de profesionales de las más altas calificaciones en el campo del derecho durante más de dos años de estudio por parte de la Legislatura.
El comité que nombre deberá someterle un informe en las próximas semanas.
El Código reduce penas en varios delitos, pero también elimina las bonificaciones que en la práctica le rebajaban sustancialmente las sentencias a los confinados.
En el área de recursos naturales, se incluyen dos delitos nuevos, el de envenenamiento de las aguas de uso público, un delito grave en cuarto grado; y el de contaminación ambiental, también delito grave en cuarto grado.
Fas le da el espacio
Por su parte, Fas Alzamora dijo que el proyecto enmendado por la Cámara no se verá por ahora en el Senado para darle a la Gobernadora "espacio" para analizarlo.
"La Gobernadora nos ha solicitado un espacio de tiempo que yo creo que es razonable", dijo al indicar que si el Senado estuvo tres años para elaborarlo y la Cámara casi un año para estudiarlo, "me parece es razonable y justo atender ese reclamo".
Fas dijo que todavía hay tiempo para esperar que el comité nombrado por Calderón pueda atender esta legislación y "no vamos a impulsarlo en estos días para darle ese espacio de tiempo y análisis".
Si la medida se hubiera incluido en la sesión senatorial de ayer para concurrir con las enmiendas de la Cámara y así aprobarlo, la Gobernadora habría tenido diez días para actuar sobre el nuevo código penal debido a que la Asamblea Legislativa está en sesión. El proyecto enmendado por a Cámara se encuentra actualmente en la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, que decidirá cuando llevarlo nuevamente al pleno senatorial.
"Vamos a ser considerados. Creo que es un reclamo muy genuino de la gobernadora…Ella tiene que estar segura que lo que ella a va a firmar, si decide firmarlo, está a tono con lo que ella entiende es su percepción de lo que debe ser un código penal, y eso es legitimo, si yo fuera gobernador haría la misma solicitud", expresó Fas.
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Message: 2 Date: Fri, 07 May 2004 06:17:20 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Pide Calderón detener el Código Penal
ENDI <http://www.endi.com/> > POLITICA
Pide Calderón detener el Código Penal
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viernes, 7 de mayo de 2004
Por Mildred Rivera Marrero End.mrivera1@elnuevodia.com <mailto:End.mrivera1@elnuevodia.com>
EN UNA decisión inusitada, la gobernadora Sila M. Calderón, intervino ayer en los trabajos del Senado para pedir una posposición a la aprobación del Código Penal para que asesores de La Fortaleza y miembros de su gabinete revisen los términos de las penas y los delitos ambientales antes de que el proyecto se apruebe.
Cuando se le preguntó qué le preocupa del proyecto, Calderón contestó que "aunque ha sido considerado largamente por la Legislatura no se me había presentado en detalles… Son solamente algunos aspectos del proyecto los que me interesa evaluar con más detenimiento como parte de mi responsabilidad como Gobernadora".
Luego de rechazar que su intervención esté relacionada con las críticas públicas que se han hecho al proyecto por atemperar los periodos de las penas al tiempo real que cumplen los convictos, Calderón señaló que el secretario de Recursos Naturales, Luis E. Rodríguez, le manifestó que el área de nuevos delitos ambientales estaba ambigua, y que ella quiere que el proyecto considere los proyectos contra la violencia que La Fortaleza sometió hace meses a la Legislatura.
La Primera Ejecutiva reconoció que la secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, participó en el proceso de evaluación de la medida que ha hecho la Legislatura. Pero dijo que prefiere evaluarlo antes de la aprobación final por entender que no tendría tiempo suficiente para revisarlo en los 10 días que tiene por ley para firmar los proyectos después de aprobados.
En ocasiones anteriores, Calderón no ha estado de acuerdo con proyectos aprobados por la Legislatura y ha decidido presentar un sustituto. El periodo para radicar proyectos durante la presente sesión legislativa termina el 10 de junio y el tiempo para aprobar medidas finaliza el 25 de junio.
CALDERON, QUIEN dijo haber hablado ayer con los presidentes de la Cámara, Carlos Vizcarrondo, y el del Senado, Antonio Fas Alzamora, anunció que se creó una comisión para volver a evaluar el proyecto. La misma estará integrada por la Secretaria de Justicia, el Secretario de Recursos Naturales, los presidentes de las Comisiones de lo Jurídico en Cámara y Senado, Charlie Hernández y Eudaldo Báez Galib y la asesora de Calderón en asuntos legislativos, Betsy Asencio.
"Este es un proyecto de iniciativa legislativa, que es resultado de estudios y evaluaciones profesionales en el campo del derecho y de estudios de más de dos años. Se me informa que fue objeto de más de 17 audiencias públicas. Sin embargo, de la misma forma que la Asamblea Legislativa ha realizado una evaluación profunda y extensa, yo le he pedido tiempo al Presidente del Senado antes de que consideren la medida para que también el Ejecutivo pueda tener tiempo de hacer esa evaluación", declaró Calderón en conferencia de prensa.
"LE HE solicitado a la Secretaria de Justicia y al Secretario de Recursos Naturales que profundicen, particularmente en lo que tiene que ver con los términos de las penas y sobre los delitos ambientales, sobre los que hay cierta ambigüedad", agregó Calderón, quien dijo esperar que las recomendaciones del grupo estén en las próximas semanas.
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Message: 1 Date: Sat, 8 May 2004 05:57:37 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Báez Galib rechaza petición de Sila para evaluar Código Penal
Vean los comentarios en negritas de esta noticia... el virus de los inversionistas politicos al ataque.
Báez Galib rechaza petición de Sila para evaluar Código Penal
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
sábado, 8 de mayo de 2004
Libni E. Sanjurjo Meléndez DE LA AGENCIA EFE _____
El presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Eudaldo Báez Galib, rechazó ayer la designación que le hiciera la gobernadora Sila Calderón, para ser parte de un grupo de trabajo encargado de evaluar el nuevo Código Penal, antes de ser aprobado en ese cuerpo legislativo.
"Consciente de mi responsabilidad legislativa y los principios que regulan la separación de poderes constitucionales, debo declinar ese nombramiento", sostuvo el senador estadolibrista en una comunicación escrita.
Añadió que considera que "ya he realizado todos los estudios necesarios. De lo contrario estaría admitiendo una monstruosa irresponsabilidad, si llevé el proyecto a votación sin que hubiere agotado todas las fuentes disponibles para análisis, y consultado todos los sectores apropiados del país".
Báez Galib indicó que el proceso de análisis de la medida contó con la participación del Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Policía de Puerto Rico.
La Mandataria dijo el jueves que quería evaluar el nuevo Código Penal en términos de las penas y los delitos ambientales propuestos en dicho códice.
"El nuevo esquema de penas es resultado de la labor conjunta e intensa entre la Comisión de lo Jurídico del Senado y la Rama Ejecutiva, desde el primer día de trabajo y a todo lo largo del proceso", señaló Báez Galib.
Añadió que el estudio "Sentencia Dictaminada en el Tribunal vs. Pena Cumplida", se realizó con estadísticas suplidas por el sistema correccional.
El propuesto código ha sido eje de críticas por parte de líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) porque alegan que reduce las penas de los confinados.
Sobre los delitos ambientales, Báez Galib señaló que hubo esfuerzos de cabildeo de un sector de la industria en contra de esos nuevos delitos.
La pieza legislativa debió ser considerada en el Senado para determinar si concurrían o no con las enmiendas aprobadas por la Cámara de Representantes la pasada semana.
En el Senado, el proyecto era aprobado o pasaba a comité de conferencia, para armonizar diferencias entre ambos cuerpos.
El senador, no obstante, dijo que deja a disposición del Ejecutivo los archivos obrantes en la Comisión de lo Jurídico y el asesoramiento que fuere necesario.
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<enlacepr@caribe.net> Subject: En defensa de la revisión del código el DRNA
ENDI <http://www.endi.com/> > POLITICA
En defensa de la revisión del código el DRNA
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sábado, 8 de mayo de 2004
Por José Javier Pérez End.jperez1@elnuevodia.com
EL ANÁLISIS que realizará el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre los crímenes ambientales tipificados en el Código Penal busca evitar que actividades cotidianas sean consideradas como delitos, dijo ayer el secretario de esa agencia, Luis Rodríguez.
Como ejemplo de lo anterior, el secretario mencionó el caso de un pozo séptico en una residencia que, por alguna causa, haya desbordado aguas negras a un cuerpo de agua. "¿Sería eso un delito? Este sería el tipo de análisis que tenemos que hacer", dijo Rodríguez.
Explicó que los códigos penales suelen ser generales para que los tribunales hagan sus interpretaciones y establezcan jurisprudencia. De aquí la necesidad de un análisis cuidadoso para evitar que actividades que están permitidas no queden clasificadas como delito, indicó.
Antier, la gobernadora Sila M. Calderón intervino en los trabajos del Senado para pedir una posposición a la aprobación del Código Penal para que asesores de La Fortaleza y miembros de su gabinete revisen los términos de las penas y los delitos ambientales antes de aprobarse el proyecto.
ACCIONES COMO ésta podrían levantar sospechas en diversos sectores de que lo anterior pudo surgir por influencias externas, dijo Rodríguez. No obstante, aseguró que no existen tales influencias.
El secretario del DRNA dijo ayer que en el proceso senatorial su agencia nunca fue consultada. "Hay la necesidad de evaluar los artículos ambientales para ver si son consistentes con la política pública ambiental", dijo Rodríguez a quien la Gobernadora designó dentro de un comité que hará tal análisis.
En el comité también participan la secretaria del Departamento de Justicia, Anabelle Rodríguez; la asesora en asuntos legislativos, Betsy Asencio, y los presidentes de las dos comisiones de lo Jurídico de la Legislatura, Eudaldo Báez Galib y Charlie Hernández.
Como parte de este análisis, Rodríguez dijo que estudiarán casos en otros países. Adelantó que en España fue necesario enmendar el Código Penal, que también tipificaba delitos ambientales, pues su lenguaje no era efectivo para lograr llevar casos ante los tribunales. "Se estaban perdiendo los casos ambientales", dijo.
El funcionario dijo desconocer cuándo habrá que rendir un informe o si el proceso será informal. "Eso me lo estará comunicando el Secretario de la Gobernación (César Miranda), dijo.
EL PROPUESTO Código Penal presenta cuatro delitos ambientales:
--El delito de riesgo catastrófico, que establece que cualquier persona que ponga en peligro la vida, salud o la seguridad de las personas al provocar explosiones, inundaciones, movimientos de terreno, entre otros incurrirá en delito grave de segundo grado.
--El delito de envenenamiento de las aguas de uso público, considerado como delito grave de segundo grado, se refiere a la contaminación o el vertido de sustancias nocivas a la salud humana.
--El de contaminación ambiental, considerado como delito grave de cuarto grado, establece que incurre en delito quien provoque directa o indirectamente emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza a suelo, agua tierra poniendo en peligro la salud de las personas o el balance ecológico.
El cuarto delito es el de contaminación ambiental agravada qua aplica a quienes tiene permisos para descargas al ambiente pero incumplen con las disposiciones legales establecidas en los permisos. Los violadores incurrirían en un delito grave de tercer grado.
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Message: 2 Date: Sun, 9 May 2004 10:49:55 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Crítica por la intervención
ENDI <http://www.endi.com/> > POLITICA
Crítica por la intervención
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domingo, 9 de mayo de 2004
Por la Agencia EFE politica@elnuevodia.com
EL REPRESENTANTE Víctor García San Inocencio denunció ayer que las objeciones de la gobernadora Sila M. Calderón y del liderato del Partido Nuevo Progresista al nuevo Código Penal responden al interés de favorecer a los grandes inversionistas "que podrían ser procesados criminalmente bajo los delitos ambientales" del nuevo estatuto.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara opinó que "la intervención confesa de la Gobernadora y la encubierta de Pedro Rosselló responden al interés de los constructores y a las empresas de quedar por la libre para seguir haciendo y deshaciendo en Puerto Rico".
García San Inocencio indicó que los artículos 242-243 del nuevo Código Penal "criminalizan de manera contundente el delito ambiental para acabar con la impunidad de quienes en Puerto Rico se enriquecen a costa de crear graves peligros a la vida, la salud y la seguridad construyendo sin permisos, ocultando información clandestinamente y mediante la presentación de información falsa".
"El motivo verdadero de la cándida intervención de la Gobernadora y del doctor Rosselló es seguir golpeando a los defensores del ambiente y al ambientalismo en el crudo e insensato afán de los grandes inversionistas de acaparar la tierra, los cuerpos de agua y las costas para hacer lo que le de la gana al servicio de la ganancia", sostuvo.
"Es increíble que el gobierno y el PNP pretendan asumir la representación de abogado defensor de los grandes intereses y aguar los delitos ambientales aprobados en ambas cámaras. El gobierno no puede defender al pozo séptico de la corrupción, el fraude y de las mentiras", argumentó.
A SU juicio "es alarmante que la Gobernadora no quiera cumplir con su responsabilidad de proteger y defender al pueblo puertorriqueño de los inversionistas que mienten al solicitar permisos, antes de construir, o los que simplemente no solicitan permisos para construir".
Los nuevos delitos ambientales penalizan a las personas jurídicas que pretenden contaminar el ambiente sin el permiso, endoso, certificación o franquicia necesario y a los que omiten información requerida para obtener esos permisos.
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Message: 3 Date: Sun, 9 May 2004 10:51:03 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Charlie Hernández defiende el Código Penal tal cual
ENDI <http://www.endi.com/> > POLICIA
Charlie Hernández defiende el Código Penal tal cual
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domingo, 9 de mayo de 2004
Por Wanda Ivette Matías Pueblos@elnuevodia.com
CABO ROJO - El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Charlie Hernández, dijo ayer que el nuevo Código Penal debe ser aprobado tal y como está redactado.
"Nosotros no entendemos que a ese Código haya que enmendarle ni una coma", aseguró.
Hernández le dará este mensaje a la gobernadora, Sila María Calderón, cuando se reúna con ella o con los técnicos que ésta designe ya que es parte de la comisión que le presentará los contornos del código penal.
"Entendemos que ese Código no requiere el más mínimo cambio", reiteró.
El representante mayagüezano planifica explicarle a Calderón los beneficios y bondades del nuevo código. Asimismo entiende que la intervención de Calderón -al solicitar una posposición de la aprobación del Código Penal para analizarlo- servirá para aclarar las alegadas "mentiras" presentadas contra el nuevo código en las pasados días.
"ESTO ES una oportunidad extraordinaria para que los que no se han enterado, aprovechen y se enteren, de la herramienta extraordinaria que se ha creado legislativamente con el Código Penal", destacó Hernández, quien no vio mal que Calderón pidiera tiempo para evaluar la medida.
"Eso (el Código Penal) se habrá de aprobar eventualmente durante la presente sesión legislativa y no creo que el espacio que se le ha dado a la Gobernadora afecte", comentó por su parte el presidente del Senado, Antonio Fas Alzamora, quien entiende que era prudente concederle el espacio a Calderón para analizar la pieza.
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Message: 8 Date: Sun, 9 May 2004 11:54:03 -0300 From: "Jessica Rodriguez Martin" <yunque@caribe.net> Subject: TRAQUETEO CON DELITO AMBIENTAL PERJUDICA AL PAIS
TRAQUETEO CON DELITO AMBIENTAL PERJUDICA AL PAIS
"La intención de tipificar las agresiones contra el ambiente como delito, es una respuesta de las sociedades civilizadas para proteger la seguridad, salud e integridad de todos los ciudadanos que las componen. Surgen precisamente de los mandatos constitucionales, que como el nuestro, obligan a que los recursos y patrimonio de todos sean defendidos" señaló la Lcda. Jessica Rodríguez Martin, Directora del Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
"El texto sobre delito ambiental redactado por la Dra. Dora Nevares y la Comisión que trabajó el Código Penal evidencia un profundo estudio en la materia desde la perspectiva del Derecho Comparado. El mismo utiliza como base legislaciones análogas vigentes en Alemania y España, que a su vez están siendo utilizadas como guías por la Comunidad Europea. Sin embargo en el Puerto Rico intelectual y moralmente subdesarrollado en que vivimos, el Gobierno abre las puertas para acomodar los deseos de los inversionistas políticos (desarrollistas), en lugar de cumplir con su obligación constitucional e ineludible de defender nuestros recursos y penalizar adecuadamente a los delincuentes contra éstos. Al actuar de este modo el Gobierno cede su responsabilidad de proteger los derechos de todos beneficiando los intereses de un grupo de personas en su mayoría extranjeras, que actúan como depredadores y desangran al país." Añadió la profesora de Derecho Ambiental.
"El Senador Báez Galib con honestidad declinó pertenecer al grupo recién nombrado por la Gobernadora para que ejecutara el mandado de traquetear con el excelente texto propuesto. Admitió además públicamente y con valentía, que dicha acción responde a las presiones de los desarrolladores. La acción de la Gobernadora surge sin que dicha solicitud se le hubiese requerido públicamente, lo que sostiene las impresiones de Báez Galib de que han mediado influencias indebidas. Debe llamar la atención y crea gran suspicacia el que el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Lcdo. Mújica haya sido excluido de este atropellado intento de debilitar el delito contra el ambiente" añadió la especialista en Derecho Ambiental.
" Si un ciudadano común es procesado criminalmente por atentar con la seguridad o propiedad de otro, igualmente debe ser procesado el millonario que actúa contra la seguridad, salud e integridad de toda nuestra población. El delincuente ambiental arremete contra cientos de personas a la vez y sus acciones tienen como agravante sus efectos permanentes e irreversibles. Los grupos comunitarios, religiosos, sindicales, ambientalistas y demás componentes de la sociedad civil deben reclamar de inmediato que cese esta intromisión indebida del Poder Ejecutivo que atenta contra el bienestar colectivo y el futuro de Puerto Rico."Concluyó la Lcda. Jessica Rodríguez Martin. Persona contacto: Lcda. Jessica Rodríguez Martin 553-0212
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Message: 8 Date: Tue, 11 May 2004 05:20:36 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Necesarias las enmiendas
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Necesarias las enmiendas Por: Dennise Y. Pérez Redactora EL VOCERO
Ante la "falta de dientes" de los procesos administrativos para atender las violaciones a las disposiciones ambientales, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor García San Inocencio, insistió ayer en las enmiendas que ayudó a incorporar al Código Penal y que han despertado alarma en el sector de la construcción.
García San Inocencio llamó "inversionistas políticos" a los miembros de la industria de la construcción que abogan por la evaluación concienzuda del Código Penal, en particular con los aspectos ambientales, argumentando que el lenguaje actual es demasiado general.
"Aquí no hay ninguna ambigüedad. Por el contrario, lo que hay es contundencia en cuanto a las penalidades y contundencia al explicar cuáles son las violaciones", indicó García San Inocencio.
El Código Penal fue aprobado en junio del año pasado en el Senado y la semana pasada en la Cámara de Representantes. En este momento está detenido para darle tiempo a la gobernadora Sila Calderón a aclarar sus preocupaciones de naturaleza ambiental.
"La Gobernadora tuvo la candidez y la sinceridad de decir que le preocupaban los delitos ambientales. Pero no es a la Gobernadora, es a los inversionistas políticos que sostienen al Partido Popular y los que sostienen al Partido Nuevo Progresista, que se dedican en Puerto Rico a masacrar el medio ambiente y que han tenido licencia histórica para masacrar el ambiente", indicó.
El legislador indicó que los mecanismos administrativos no son suficientes y que son sumamente lentos.
El nuevo código impone multas, suspensión de actividades de la empresa responsable del daño ambiental y establece la cancelación de certificados de incorporación y hasta la disolución de la entidad jurídica.
"Han brincado para proteger a las corporaciones delincuentes, esas que rutinariamente le obsequian al país quebradas Chiclana, Muro de Bairoa, entre otras linduras", dijo el representante.
"Ya es hora que nuestro ordenamiento penal hago lo que el débil ordenamiento administrativo no ha hecho por la influencia política de los grandes desarrolladores", agregó.
Los industriales alegan que no se les ha dado oportunidad de expresarse con relación al Código y que hasta el momento la discusión pública había girado en torno a la sodomía y la edad para consentir las relaciones sexuales.
"En un proceso de tres años no se enteraron de nada porque estaban distraídos en otros artículos del código. Eso es increíble", ripostó García San Inocencio.
Haydée Colón, portavoz del Comité de Ciudadanos al Rescate de Caimito, dijo que cuando una comunidad se organiza para levantar sus reclamos atraviesa por múltiples obstáculos hasta ser escuchados, mientras que los empresarios han logrado detener la aprobación del código con tan sólo una llamada a La Fortaleza.
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Message: 10 Date: Tue, 11 May 2004 05:18:35 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Miranda valida las preocupaciones
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Miranda valida las preocupaciones Por: Liz Arelis Cruz Maisonave Redactora EL VOCERO
El secretario de la Gobernación, César Miranda, rechazó que el propuesto Código Penal pueda tener como consecuencia la pérdida de 65,000 empleos en la industria de la construcción por la imposición de delitos ambientales.
Sin embargo, reconoció que la amplitud en la definición de ciertos tipos de delitos ambientales fue uno de los aspectos que llevó a la gobernadora Sila Calderón a solicitar más tiempo para evaluar el documento antes de que la Legislatura lo enviara a La Fortaleza para convertirlo en ley.
"No hay tal riesgo de que se vayan a perder 65,000 empleos de la construcción. Sí hay unos señalamientos bien traídos de parte de la Asociación de Constructores de Hogares en el sentido de que hay unas preocupaciones que se deben considerar antes de legislar referente a los delitos que se crean en el nuevo Código Penal", declaró Miranda.
Así reaccionó el Secretario de la Gobernación a las declaraciones del presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, Ivar Pietri, quien en entrevista con EL VOCERO planteó que la amplitud de las definiciones de delitos ambientales tendría el resultado de criminalizar penalmente acciones que actualmente se resuelven por otras vías. Opinó que esa situación resulta tan restrictiva que pone en peligro unos 65,000 empleos de la construcción.
Miranda reconoció que la Asociación de Industriales ya había llamado la atención sobre ese asunto, a pesar de que esa asociación reclamó que nunca se les consultó al respecto. Esos señalamientos tuvieron como consecuencia que Calderón nombrara a un equipo de trabajo que dirige el secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Luis Rodríguez. Este equipo trabaja paralelamente al que dirige la secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, sobre el aspecto criminal.
La evaluación de los delitos ambientales tiene como norte ver las definiciones que se proveen y evaluar cómo armonizan con las leyes vigentes que tratan esos aspectos, señaló. Luego de que la Gobernadora pidiera tiempo para evaluar el Código, indicó Miranda, estos sectores detallaron sus planteamientos que ahora están en evaluación. El resultado de esa evaluación pasaría a la Legislatura nuevamente.
"Si la definición de un delito resulta muy amplia puede apartarse de las disposiciones constitucionales, hay que ver cómo se ajusta para que haya una definición precisa y se envíe el mensaje correcto", opinó.
El Secretario de la Gobernación no se aventuró a dar una fecha aproximada de cuándo podrían terminar las evaluaciones comisionadas a los miembros del gabinete, pero destacó que por tratarse del Código Penal ameritaban más tiempo que los diez días que normalmente tiene La Fortaleza para convertir en ley los proyectos legislativos.
Rechazó las declaraciones del representante independentista Víctor García San Inocencio en el sentido de que el Ejecutivo frenó el propuesto Código Penal para responder a los "grandes intereses".
"Lo que se ha hecho es parte de un proceso responsable de mirar a fondo unos planteamientos que han surgido en el debate público del proyecto del Código Penal, no estamos hablando de cualquier ley, estamos hablando de todo un Código que va a sustituir a otro vigente y que está revestido de un interés público extraordinario. Por eso, si surgen tres comentarios, entendemos que lo correcto es responder a ellos dentro del término prudente, no dentro del término de diez días que dispone el trámite corriente", destacó.
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Message: 11 Date: Tue, 11 May 2004 05:29:22 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Víctor García San Inocencio arremete contra empresarios
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Víctor García San Inocencio arremete contra empresarios
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
martes, 11 de mayo de 2004
Irene Garzón Fernández PRIMERA HORA _____
Licencia para matar el medio ambiente".
Luego de advertir que defenderá hasta "las últimas consecuencias" todo lo relacionado con los delitos ambientales incluidos en el nuevo código penal, el representante independentista Víctor García San Inocencio arremetió ayer contra los " grandes empresarios que viven del inversionismo político".
Describió a estos "grandes empresarios" como " los grandes aportadores" de los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista, a los que dijo que lo que "más les duele es la codificación ambiental" que se está haciendo dentro del nuevo código penal.
"Estoy reaccionando a la campaña falaz y de histeria que están montando algunos sectores en Puerto Rico, en el ámbito de la construcción del mal llamado desarrollo económico contra el Código Penal", dijo el legislador pipiolo en una rueda de prensa.
Denunció que las verdaderas objeciones a los nuevos delitos ambientales incluidos son una "faena de los empresarios con Rosselló" y los "empresarios con el PPD" quienes han hecho una " alianza de junte" para descarrilar la aprobación de la legislación para así continuar con la " licencia para matar el medio ambiente" que han tenido hasta ahora bajo administraciones populares y penepés.
García San Inocencio, que propulsó enmiendas al nuevo código penal introducidas en la versión cameral, entre ellas algunas relacionadas con delitos ambientales, dijo que es responsable de aquellas enmiendas que instan en su conjunto a penalizar por ofrecer información falsa, omitir información o querer pasar "gato por liebre o mandar las puercas sin permiso para después tratar de validar lo que hicieron".
Opinó que Sila M. Calderón intervino de "manera impropia con el proceso legislativo" al paralizar la actuación del Senado para concurrir con las enmiendas introducidas en la Cámara al nuevo código mientras lo evalúa un comité designado por ella.
"La Gobernadora tuvo la sinceridad y candidez de decir que le preocupan los delitos ambientales, pero no es a la Gobernadora, es a los inversionistas políticos que sostienen al PPD y al PNP que se dedican a masacrar al medio ambiente y que han tenido licencia histórica para matar el medio ambiente", planteó al rechazar el término de ambiguo utilizado por Calderón para el proyecto.
El legislador dijo que ya es hora de que el ordenamiento penal haga lo que el "débil" ordenamiento administrativo no ha hecho por la "influencia política de los grandes desarrolladores" y afirmó que " aquí no hay ninguna ambigüedad. Por el contrario, lo que hay es contundencia en cuanto a las penalidades y al explicar cuáles son las violaciones".
Llamó la atención a los artículos 242 y 243 del nuevo código, sobre todo el último relativo al delito de contaminación ambiental por parte de una empresa, a la que el tribunal podrá suspender la licencia, permiso o autorización e imponer la pena de restitución.
Observó que a la "persona jurídica" no se le puede encarcelar, pero en este caso se le pueden aplicar los artículos del 83 al 88, que "les muerde el corazón y el corazón de esa gente es la billetera", en referencia a las multas, suspensión de actividades y hasta la disolución de la entidad.
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Message: 12 Date: Tue, 11 May 2004 05:26:22 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Ex asesora de Sila cambia de bando y cabildea contra Código Penal
Ex asesora de Sila cambia de bando y cabildea contra Código Penal
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
martes, 11 de mayo de 2004
Oscar J. Serrano PRIMERA HORA _____
El sector de la industria de la construcción que está cabildeando en contra del nuevo Código Penal por la inclusión de delitos por contaminación ambiental está siendo representado por una abogada que, hasta hace sólo seis meses, era la asesora de la gobernadora Sila M. Calderón en asuntos legislativos y municipales.
Así lo pudo confirmar PRIMERA HORA ayer durante una visita que la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) hizo al senador Eudaldo Báez Galib, quien encabezó los trabajos de la reforma del Código Penal junto a la criminóloga Dora Nevares. A la vez, la también profesora de Derecho explicó que las disposiciones que los constructores han presentado como peligrosas para su industria ya existen en el Código Penal actual, que está vigente desde 1974.
La licenciada Liza M. Ortiz Camacho estuvo en La Fortaleza como asesora desde el 2002 hasta finales del 2003. Antes, había sido directora de la Oficina de Puerto Rico en España en una gestión que no dejó promociones comerciales nuevas pero sí un memo en el que internamente se denunció su remodelación de la oficina por más de $100,000.
Además, estuvo en el equipo de negociación de debates del candidato popular a la gobernación, Aníbal Acevedo Vilá. En respuesta a la intervención de Ortiz, el también Comisionado Residente dijo ayer que "ninguna persona me ha traído a mi atención ninguna preocupación sobre esas disposiciones del código. Yo respaldo las disposiciones claras y concisas que tengan que ver con delitos ambientales".
Cuando estaba en La Fortaleza, Ortiz sostuvo una reunión con Nevares el 20 de marzo de 2003 sobre el código. Luego, a finales de 2003, pasó al bufete Martínez, Odell & Calabria, del ex presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico Fred Martínez. Allí asumió la representación de la ACH para asuntos como coordinar la reunión con Báez Galib ayer, el mismo día en que el presidente de dicha Asociación, Ivar Pietri, calificó públicamente el nuevo código como "muy preocupante".
A preguntas de este diario sobre el potencial de conflicto de interés que esta gestión le representa, Ortiz rechazó que esto fuera así porque lo que discutió con Nevares en La Fortaleza, y en una segunda reunión sobre el tema pero fuera de allí, fue la parte general del código y no los delitos específicos de contaminación ambiental.
Argumentó que no hizo, ni era necesario, hacer gestiones a favor de Pietri o la ACH en la Mansión Ejecutiva porque "ellos tienen acceso porque están en el consejo asesor de la Gobernadora (sobre construcción)".
"Para mi los cabilderos son una fuente de información, no una fuente de presión, y corren con sus propias responsabilidades sobre las cuales no me corresponde juzgar", dijo Báez Galib a preguntas sobre sus comunicaciones con Ortiz y al confirmar que la ACH le pidió ayer una vista pública. "Yo lo veo sumamente difícil que haya vista en esta etapa de juego", confió.
El senador le indicó a la ACH que todas sus comunicaciones subsiguientes sobre el código tendrían que ser públicas.
Probado en otros países
La directora del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, Jessica Rodríguez Martín, también profesora del Colegio de Abogados de Madrid, criticó ayer las declaraciones de Pietri, quien alertó sobre que las disposiciones del código sobre contaminación ambiental son tan "amplias" que cubrirían a todo ciudadano.
Martin indicó que el lenguaje del nuevo código recoge casi exactamente las disposiciones que hay en países como España y Alemania. En el primero de éstos, existen fiscales especializados en delitos ambientales que, como ocurre con los fiscales especializados que tiene el Departamento de Justicia aquí, llevan sus casos sujetos a las mismas exigencias de evidencia que tienen delitos tales como el asesinato.
Igual que esos otros delitos, añadió Rodríguez, en todos los casos interviene el elemento de apreciación de la prueba que pueda hacer un juez o un jurado y que puede provocar que, por los mismos hechos, en una sala alguien salga culpable y en otra absuelto.
Sobre la alegación de que estos delitos pueden chocar con procesos administrativos, la profesora señaló que se trata de foros distintos y que ya eso existe porque el acusado por asesinato puede ser procesado criminalmente y, a la vez, demandado civilmente por los familiares de la víctima.
Rodríguez cuestionó cómo es que los desarrolladores se vienen a quejar un año después de que el Senado considerara y aprobara el mismo código que ellos objetan ahora y aseguró que no debe haber preocupación entre los desarrolladores que no violen las leyes. "Si usted es un empresario limpio, que cumple con la ley y que es responsable a usted nadie nunca lo va a acusar", comentó al tiempo que recordó que en Puerto Rico la tipificación de delitos ambientales está atrasada porque la protección del ambiente es una política de rango constitucional hace ya 52 años.
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Message: 6 Date: Wed, 12 May 2004 04:39:59 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Calderon pasa explicación sobre el Código Penal a ex ayudante
Calderon pasa explicación sobre el Código Penal a ex ayudante
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
miércoles, 12 de mayo de 2004
Maritza Díaz Alcaide PRIMERA HORA _____
QUE LAS explicaciones las dé Liza Ortiz.
La gobernadora Sila M. Calderón sostuvo ayer que desconoce si su ex ayudante de asuntos legislativos, Liza Ortiz, participó en las discusiones sobre el Código Penal.
Calderón dijo que "creía que no", pero de todos modos apuntó que cualquier detalle sobre el rol que Ortiz desempenó en el proceso quien lo tiene que compartir es la ex funcionaria.
Ortiz, una de las principales ayudantes de la Gobernadora, renunció el año pasado para unirse como abogada al bufete del ex presidente de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico Fred Martínez.
Como miembro de ese bufete ha estado cabildeando activamente en contra del nuevo Código en lo que se refiere a los artículos que buscan proteger el ambiente.
En esa faena representa a la Asociación de Constructores de Hogares.
Calderón, que la semana pasada pidió tiempo para analizar precisamente el texto del nuevo código en cuanto a los delitos ambient ales se refiere, fue confrontada ayer con las promesas que hizo en el 2000 en su programa de gobierno.
En ese documento se anticipaba que se establecería como delito el incumplimiento con los reglamentos y leyes ambientales, tipificando el delito contra el ambiente para que los funcionarios que incumplan sean procesables en su carácter personal, tanto por el delito como por su efecto potencial.
La Primera Ejecutiva se comprometió, además, con legislar para tipificar como delito el mentir en una declaración de impacto ambiental.
"Creo que el Código Penal es importante y porque me gustaría firmarlo es que quiero estar segura que se resuelve lo de las penas y que sea más preciso y más contundente con los delitos ambientales", dijo ayer.
Calderón puntualizó que su interés en que se reevalúe el proyecto estriba en un deseo de que "se sea bien preciso en cuanto a los delitos que pueden configurar una violación a las leyes ambientales".
"De lo que quiero estar segura es de que no haya ambiguedad en la articulación de esos delitos", agregó cuando se le cuestionó si va a acceder a presiones de los desarrolladores en cuanto al Código.
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Message: 7 Date: Wed, 12 May 2004 04:42:55 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Tildan de "irrazonable" la petición de constructores
Tildan de "irrazonable" la petición de constructores No favorecen el Código Penal
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
miércoles, 12 de mayo de 2004
Oscar J. Serrano PRIMERA HORA _____
Que se busquen mejores abogados.
El presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Eudaldo Báez Galib, calificó como "irrazonable" la solicitud de vista sobre el nuevo Código Penal que le hizo la Asociación de Constructores de Hogares (ACH) y señaló como inconcebible que los abogados de la entidad no la hubieran alertado antes sobre los delitos por contaminación ambiental que incluye el nuevo Código a pesar de que el proyecto lleva más de un año en vistas públicas, debates y presentaciones.
De esta forma, el senador atendió la petición que el presidente de la ACH, Ivar Pietri, le hizo durante una reunión el lunes que, según publicó ayer PRIMERA HORA, fue coordinada por la que hasta hace seis meses fuera asesora de La Fortaleza en asuntos legislativos y municipales, Liza M. Ortiz. La abogada, en su función de asesora, tuvo al menos dos reuniones con el equipo de trabajo senatorial que está reformando el Código antes de pasar al bufete Martínez, Odell & Calabria, en el que representa a la ACH en su cabildeo para éste y otros proyectos que actualmente tramita la Legislatura.
En su respuesta pública, Báez Galib dejó ayer al descubierto a Pietri al indicar que éste alegó no haber sido la fuente de información que le dijo a un periódico que el nuevo Código ponía en peligro los 65,000 empleos de la industria de la construcción.
Al abordar un ejemplo que Pietri usó directamente en su conversación con el periódico sobre cómo el lenguaje del código exponía a procesamiento criminal hasta a los dueños de hogares con pozos sépticos desbordados, el senador le suplicó que "consulten con cualquier abogado privadamente" para que vean cómo los artículos de la pieza legislativa que definen quién comete delito y que exponen las causas de exclusión de responsabilidad, aclaran que estas personas no estarían sujetas a procesamiento penal. "El articulado de un código no se lee separadamente o acomodaticiamente", subrayó sobre lo que llamó "un planteamiento injusto, sin base jurídica y diseñado, a todas luces, para mover la opinión pública".
También, explicó que los nuevos delitos ambientales están básicamente recogidos ya en el Código Penal vigente desde 1974 en su artículo 198 (Estragos), "por lo que su solicitud implica no solamente intervenir con lo propuesto, sino enmendar lo vigente para convertirlo en más benigno para los infractores".
Además de su relieve como presidente de la ACH, a Pietri se le conoce públicamente como un activista político que encabezó el grupo Puerto Rico Primero para hacer campaña por la estadidad en el plebiscito de 1993 y por ser parte del grupo de estrategia que lideró el ex director de campaña del ex gobernador Pedro Rosselló, René Vázquez Botet. En el 2003, Pietri denunció que la construcción de vivienda gubernamental estaba detenida por los aumentos en la mano de obra y en los terrenos y, este año, defendió la propuesta de Rosselló de flexibilizar el proceso de permisos para que sean los ingenieros y arquitectos los que se "autogestionen" la mayoría de los permisos de construcción que supervisan las agencias públicas.
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Message: 8 Date: Wed, 12 May 2004 04:55:14 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Coro de voces multisectorial a favor de los nuevos delitos
ENDI <http://www.endi.com/> > EL PAIS
Coro de voces multisectorial a favor de los nuevos delitos
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miércoles, 12 de mayo de 2004
Por José Javier Pérez end.jperez1@elnuevodia.com
UN FRENTE común integrado por ambientalistas, científicos, religiosos y abogados exigieron ayer a la Gobernadora que apruebe los artículos que tipifican el delito ambiental en el nuevo Código Penal.
La Constitución de Puerto Rico fue una de las primeras y es una de las pocas en el mundo que establece la protección del medio ambiente. No obstante, la Isla ha quedado rezagada en definir como delitos las agresiones ambientales, dijo ayer Jéssica Rodríguez Martin, directora del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana.
Recientemente, la Asociación de Constructores de Hogares dijo que la aprobación de los artículos ambientales contenidos en el nuevo código afectarían la economía de la Isla.
PARA RODRÍGUEZ Martin, lo anterior es una admisión de culpa de parte de la Asociación de Constructores de Hogares. "Quien no delinque no le debe preocupar la aprobación de este código", agregó.
Indicó además, que carece de fundamento científico y estadístico la aseveración sobre los alegados efectos nefastos en la economía. Señaló que en España y Alemania, donde existe un código penal similar que sirvió de modelo al de Puerto Rico, no han ocurrido crisis económicas.
"Al contrario, se ha desarrollado una industria millonaria basada en el ecoturismo, turismo gastronómico y nacional", dijo.
La petición de la gobernadora Sila Calderón de retrasar la aprobación del código demuestra también que el gobierno claudicó en su deber ministerial y constitucional de proteger el ambiente, sostuvo Abel Vale, de la organización Ciudadanos del Carso.
"La violencia contra la naturaleza es violencia contra la vida y eso es pecado", dijo por su parte el reverendo Héctor Soto Vélez, del Concilio de Iglesias de Puerto Rico.
JUAN ROSARIO, de Misión Industrial, citó un estudio de Public Interest Research Group en el que Puerto Rico aparece encabezando la lista de países que incumplen leyes ambientales relacionadas con el agua, violaciones que corresponden al propio Gobierno.
A los ambientalistas les resultó extraño que el nuevo Código Penal fuera aprobado el año pasado luego de un largo proceso de estudios, reuniones públicas y consultas, y que de repente, hace unos días, su aprobación fuese detenida alegando que su lenguaje es ambiguo.
"Todos responden a las presiones de los grandes intereses", acotó Rodríguez Martin en una conferencia de prensa efectuada en el Ateneo Puertorriqueño. "La protección del ambiente debe trascender a todos los partidos y en este año electoral estaremos pendientes a quién va a hacer las cosas como debe ser", dijo la abogada ambientalista.
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Message: 11 Date: Wed, 12 May 2004 04:52:06 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Alabanzas al ala ambiental del Código
ENDI <http://www.endi.com/> > EL PAIS
Alabanzas al ala ambiental del Código
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miércoles, 12 de mayo de 2004
Por José Javier Pérez End.jperez1@elnuevodia.com
LOS AUTORES del apartado ambiental del nuevo Código Penal dijeron ayer que, contrario a las imputaciones de ambigüedad en sus disposiciones hechas por el sector de la construcción, esta nueva compilación de leyes es más precisa y justa que el código vigente.
De hecho, algunos de los delitos tipificados en el nuevo código existen desde el 1974 y están vigentes en la actualidad, con la diferencia de que ahora se añadió el aspecto de daño ambiental, explicó Dora Nevares, quien dirigió los esfuerzos para la redacción del documento.
A manera de ejemplo, Nevares indicó que el delito de estrago está vigente desde 1974 y ahora sólo se le integró lo concerniente a delitos contra el medio ambiente.
En cuanto a la penalidad de suspender las operaciones de una corporación que comete un delito, Nevares explicó que éste también existe desde 1974 y está vigente. El mismo establece la imposición de penalidades tras un primer delito y no establece un tope a la hora de imponer multas.
Mientras, el nuevo Código Penal agregó a este delito aspectos ambientales, pero establece que la penalidad se impondrá si se es reincidente. Además, establece un límite en la penalidad, explicó.
NEVARES DIJO que confeccionó el aspecto ambiental del código en colaboración con Jorge Fernández Porto, asesor ambiental del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), quien propuso una serie de enmiendas cuando el proyecto llegó a la Cámara de Representantes.
"Son los contratistas los que tratan de torpedearlo (la aprobación del Código) porque penaliza el ofrecer información falsa u omitirla, algo que es una práctica común de los desarrolladores en este país", dijo Fernández Porto.
La semana pasada, la gobernadora Sila Calderón intervino en los trabajos del Senado para pedir una posposición a la aprobación del código para que asesores de La Fortaleza y miembros de su gabinete revisen los términos de las penas y los delitos ambientales antes de su aprobación.
Esto levantó sospechas entre sectores ambientalistas, ya que el día antes del anuncio de la Gobernadora circuló un memorando entre miembros de la industria de la construcción en el que se argumentaban los alegados efectos nefastos del nuevo código en ese sector de la economía.
Ayer, la gobernadora Calderón aseguró que su intención al revisar el código es asegurarse de que la tipificación de delitos ambientales esté clara y sea estricta.
"Mi deseo es, precisamente, que se quiten las ambigüedades en términos de los delitos ambientales y que se sea bien preciso en cuanto a los delitos que pueden configurar una violación a las leyes ambientales", dijo la Primera Ejecutiva al ser abordada por periodistas en Caguas.
Nevares reaccionó sorprendida con las críticas de los constructores.
Explicó que el aspecto ambiental del nuevo código se basa en la experiencia en países como España, Alemania y contiene del código de Colombia y El Salvador.
También, la semana pasada, el secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Luis E. Rodríguez, señaló que su agencia no había sido consultada y expresó que la posposición de la aprobación del código permitiría a esa agencia evaluar el documento a través de un comité que la Gobernadora ordenó crear.
NEVARES SEÑALÓ que no consultó directamente a las agencias ambientales; explicó que el proceso de audiencias públicas fue abierto y se invitó a todo el mundo.
Dijo que de forma voluntaria acudieron agencias como Hacienda, la Oficina del Contralor, la Procuradora de las Mujeres, entre otras.
La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos no ha evaluado el documento, reconoció su director Carl Soderberg.
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Message: 9 Date: Thu, 13 May 2004 16:43:57 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: FW: ABELl -web master- puedes poner esto e eco-isla?? Comunicado de Prensa: Ambientalistas exigen se aprueben delitos ambientales
-----Original Message----- From: Wanda Colon Cortes [mailto:wandac@coqui.net] Sent: Tuesday, May 11, 2004 5:52 PM To: Abel Vale Subject: ABELl -web master- puedes poner esto e eco-isla?? Comunicado de Prensa: Ambientalistas exigen se aprueben delitos ambientales
COMUNICADO DE PRENSA
Ambientalistas exigen se aprueben delitos ambientales
San Juan- Ambientalistas, miembros de la comunidad científica, religiosa y legal, exigieron hoy a la Gobernadora que apruebe los artículos que tipificarían el delito ambiental, incluidos en el nuevo Código Penal, según el texto aprobado por el Senado hace un año.
“El tipificar los delitos ambientales, llena un vacío legislativo en el ámbito penal y es cónsono con el mandato constitucional de conservar y proteger los recursos naturales. Por tal razón, exigimos que se aprueben tal y como están redactados”, expresó la Lcda. Jessica Rodríguez Martin, directora del Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Rodríguez Martin destacó que “la mayoría de los países desarrollados han adoptado el delito ambiental, en este aspecto Puerto Rico mantiene un rezago jurídico marcado e injustificable”. La Comisión que redactó el nuevo Código Penal utilizó como parámetro la legislación penal internacional desde la disciplina del Derecho Comparado, particularmente el de Alemania y España.
En respuesta a la reacción de los constructores, Abel Vale de Ciudadanos del Karso, señaló que “el decir que se afectará la economía del país por la aprobación de los delitos ambientales, es demagógico y falta a la verdad. Los países europeos donde se han adoptado, gozan de una salud económica envidiable”.
El presidente del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, el Reverendo Héctor Soto Vélez, añadió que “el delito contra el ambiente es una expresión del pecado humano, estamos contra todo delito ambiental. Por lo tanto, respaldamos que se tipifique como delito las agresiones contra el ambiente”.
Para el científico ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, “ningún sector o individuo debería sentirse amenazado por la inclusión de éstos delitos en el Código Penal, salvo que tenga la intención de violar la ley”.
“La Gobernadora tiene la obligación constitucional y el deber moral de defender al país de los criminales ambientales, de aquellos que no miden las consecuencias de sus acciones y pretenden continuar operando con total impunidad”, dijo la ambientalista Wanda Colón Cortés.
“Como decimos los abogados, a admisión de parte, relevo de prueba. El cabildeo de los desarrollistas para debilitar y desvirtuar el excelente texto del Código Penal preparado por la Dra. Nevares, es un reconocimiento pleno de que son violadores de la ley”, afirmó Rodríguez Martin.
Los ambientalistas presentaron algunos ejemplos de ‘crimen ambiental’, tales como:
* La Quebrada Chiclana: en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en la Consulta de Ubicación se ocultó la intención de destruir el cuerpo de agua, lo que puso en riesgo la vida, seguridad y propiedad de los vecinos.
* Urb. Monte Verde en Manatí: La Junta de Planificación presidida por Norma Burgos, autorizó al desarrollador Pedro Casanova a construir una urbanización a sabiendas de que bajo el suelo existían cavernas y sumideros, lo que puso en riesgo la vida, seguridad y propiedad.
* Condominio Millenium: Se construyó ilegalmente afectando el tráfico vehicular, apropiándose de vías públicas y afectando el tráfico aéreo.
* Río Grande: Un desarrollador deforestó un monte frente a la Carretera #3 en Palmer. Las aguas de escorrentías cargadas de fango inundaron a decenas de propiedades, lo que provocó que las familias perdieran todas sus pertenencias y fueran removidas por el peligro a sus vidas.
* Muro de Bairoa, Caguas: Se construyó de manera ilegal amenazando la vida de los residentes originales, los que aún no han podido regresar a sus hogares.
A su vez, hicieron público un memorando distribuido entre los sectores de la industria de la construcción, fechado curiosamente el día antes que la Gobernadora se expresó requiriendo la revisión de los delitos ambientales. Del documento surgen los argumentos esbozados por la Asociación de Constructores de Hogares.
Entre los asistentes a la conferencia de prensa, celebrada en el Ateneo Puertorriqueño, estuvieron:
* Ciudadanos del Karso – Abel Vale
* Concilio de Iglesias de Puerto Rico – Rvdo. Héctor Soto Vélez
* Coordinadora Comunitaria del Suroeste- Zoraida Santiago
* Ciudadanos Aguaderos pro Conservación del Ambiente- Manuel Acevedo
* Cuidadanos en Defensa del Ambiente en Arecibo- Prof. Martha Quiñones
* Consejo de Residentes de Isla Verde – Ing. Osvaldo Romero
* Iniciativa para un Desarrollo Sustentable – Luis Jorge Rivera Herrera
* Movimiento Agua pa’l Campo – Carlos Navarro
* Misión Industrial de Puerto Rico – Juan Rosario
* Programa de Derecho Ambiental, UIPR- Lcda. Jessica Rodríguez Martin
* Proyecto Caribeño de Justicia y Paz – Wanda Colón Cortés
* Puertorriqueños por Puerto Rico – Rogelio Figueroa
* Dr. Ariel Lugo – Dasónomo
* Prof. Mariam González
* Haydee Colón
* Jaime Altieri- Pro Rescate de San Juan
* Prof. José Rivera Santana – Planificador
* Prof. José Colón- Presidente Sociedad Ornitológica de Puerto Rico
* Amigos del Río Guaynabo – Myrna Conty
11 de mayo de 2004
Contactos: Wanda Colón Cortés: 787- 487- 4617
Lcda. Jessica Rodríguez: 751-1912 Ext. 2050
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Message: 1 Date: Tue, 18 May 2004 07:15:35 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Es un delito como cualquier otro
<http://www.vocero.com/images/vocero_logo.gif> <http://www.vocero.com/images/shim.gif>
Edición de: 18 de mayo de 2004 <http://www.vocero.com/images/titulo_Comentarios.gif>
Es un delito como cualquier otro Por: María de Lourdes Santiago Provee un castigo para quien ponga en peligro la vida, salud, integridad corporal o seguridad de la gente, o cause daño al ambiente al provocar explosiones, inundaciones o movimientos de tierra, o al utilizar gases tóxicos y otras sustancias. Penaliza a quien envenene o contamine pozos, cuerpos de agua o tuberías para consumo humano. Convierte en un crimen el provocar o realizar emisiones o vertidos que pongan en grave peligro la salud de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, y hace de esto un delito grave cuando el responsable sea una persona jurídica que opera sin los debidos permisos, o que ha mentido u ocultado información para obtener sus permisos. De esas cuatro disposiciones, y de nada más, se trata la más reciente controversia sobre los delitos ambientales del nuevo Código Penal. Y por resistirse a señalar como un crimen el que se usen gases tóxicos, se envenenen nuestras aguas, se contaminen el aire y la tierra o se mienta a las agencias públicas es que la Gobernadora ha paralizado (porque así lo ha permitido el liderato de ambas cámaras, claro está), el trámite de la legislación penal más importante en tres décadas en este país. No es que nos sorprenda. El récord de esta administración en el tema ecológico ha sido de una constancia ejemplar: siempre a favor de los constructores y nunca a favor de las comunidades o del ambiente. Ahí está, como ejemplo, la ruta 66, tan criticada cuando estaban en oposición, para una vez en el poder adoptarla y simplemente rebautizarla como Corredor del Este. También están las reservas agrícolas del valle de Lajas y del Coloso en Aguada, que a estas alturas del cuatrienio esperan por su delimitación oficial, en lo que todos sabemos es una forma de ganar tiempo para los que quieren usar esos terrenos para grandes construcciones y proyectos de extracción de arena. En Loíza aún se está dando la batalla entre la comunidad que aspira a un desarrollo ecológicamente saludable en Vacía Talega y los amigos de la Gobernadora que insisten en un megahotel que implicará la remoción de toneladas de arena y la virtual privatización de las playas de la zona. Por toda la isla hay situaciones como las de Monte Verde, en Manatí, y Jardines de Florida, comunidades que por estar construidas sobre sumideros se encuentran en peligro de hundirse, sin que las agencias tomen la acción férrea que exigen casos tan dramáticos. No conoce fin la batalla de los residentes de Caimito por la restauración de la quebrada Chiclana, sepultada por una compañía de construcción que bajo administraciones de los azules y los rojos ha logrado evadir su responsabilidad. Estos abusos han sido posibles gracias al chantaje al que se ha prestado el Gobierno por parte del sector de la construcción, y al que la señora Gobernadora parece estar dispuesta a rendirse una vez más. Alegan ahora que aprobar los delitos ambientales del nuevo Código sería propiciarle una estocada mortal a la economía, que provocaría la pérdida de miles de empleos. Ese perro ya mordió antes: son exactamente los mismos argumentos que esgrimieron ciertos sectores cuando se consideró la ley para la jornada de ocho horas, el salario mínimo y la licencia de maternidad para mujeres trabajadoras. A pesar de las profecías apocalípticas repetidas en cada una de esas ocasiones, aquí estamos. Nadie en Puerto Rico se traga el cuento de que porque ahora sea un delito verter sustancias dañinas en un pozo de agua o provocar emisiones nocivas la industria de la construcción va a desaparecer del país. De hecho, el nuevo Código no impone responsabilidades adicionales a ninguno de los llamados desarrollistas. No se complican los trámites para obtener permisos ni se añaden requisitos para nuevas estructuras o proyectos. Lo que sí hace el Código es compensar la flojera de las agencias como Recursos Naturales, Calidad Ambiental y Junta de Planificación, que no han logrado hacer valer las leyes y reglamentos existentes. El gran pánico de los constructores es que se le ponga fin al desbarajuste en el otorgamiento de permisos, y que se acabe la inescrupulosidad de presentar información engañosa con tal de agenciarse un permiso. Con la disponibilidad del cauce penal, los ciudadanos ya no tienen que resignarse al lento calvario del proceso administrativo para defenderse de los que destruyen y contaminan, y los que sean hallados culpables de los delitos contemplados tendrán que responder con algo más que la multa boba y tardía de una agencia administrativa. Las penas contempladas en el Código para las personas jurídicas van desde la revocación de licencias hasta multas ascendentes al seis por ciento del ingreso bruto anual de la compañía. Ha tenido que ser así porque la única forma de que los que gritan en contra del Código entiendan que la isla es patrimonio de todos es hacerles más costoso el infringir la ley que el respetar a la gente y al ambiente. Sin el disuasivo que representan esas penas, habrá constructores que seguirán actuando como si nuestros recursos fueran bienes desechables de los que pueden disponer a su antojo. Eso es lo que tiene que entender la señora Gobernadora. Son delincuentes los que roban, los que incurren en fraude, los que agreden, y con eso nadie tiene problemas. Pues bien: cuando lo hurtado es un recurso natural no renovable, cuando el engaño es a las agencias llamadas a proteger lo que es de todos, y cuando lo que se lastima es el país mismo que compartimos, se trata de un delito tan serio como cualquier otro. Robarle el curso a una quebrada, arrebatarle la salud y la seguridad a una comunidad, son faltas que merecen estar en el catálogo de lo que para Puerto Rico, como sociedad, es comportamiento inaceptable que debe ser penalizado. Oponerse al Código es consentir a que los que hoy violan la ley impunemente sigan campeando por su respeto. Después de todo, si los que atacan el Código son tan obedientes del ordenamiento ¿a qué viene esa virulenta resistencia a los delitos ambientales? Para la delegación legislativa del Partido Independentista, la inclusión de los delitos ambientales es un triunfo por el que se trabajó arduamente. El representante Víctor García San Inocencio una vez más dio la cara por las comunidades y la protección ambiental al lograr la aprobación de esas enmiendas, que se cuentan entre los elementos que hacen del nuevo código uno de avanzada. Es una oportunidad única de proteger lo que nos pertenece a todos de la voracidad de unos cuantos. Le toca a la Gobernadora decidir de parte de quién está.
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Message: 15 Date: Tue, 18 May 2004 08:07:34 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Crisis del sistema de gobierno
ENDI <http://www.endi.com/> > PERSPECTIVA
Crisis del sistema de gobierno _____ martes, 18 de mayo de 2004 Antonio Fernós Catedrático de Derecho Historia Est Magistra vitae La Historia es Maestra de la Vida. "Proverbio Romano" EN DÍAS recientes han ocurrido dos sucesos que exponen la crisis de nuestro sistema de gobierno de forma republicana; esto es, el de tres ramas de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Las nombro en el orden en que aparecen en la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de 1952. El suceso más grave es la intervención del Poder Ejecutivo en pretender detener la aprobación del proyecto del nuevo Código Penal para Puerto Rico fuera de los cauces constitucionales que son vetar el proyecto o devolverlo a la Asamblea Legislativa; o incluso fuera del cauce político que es la discusión ante el invento que llaman la conferencia legislativa del Partido que preside el gobernador o el presidente del partido, sabe Dios. Dignamente y en estricto Derecho, el senador Eudaldo Báez Galib rechazó la "nominación" de Fortaleza para integrar una comisión que repasara la labor de más de quince años con historial de treinta y cinco, luego de aprobada por ambos cuerpos legislativos, y sólo pendiente de concurrir en las enmiendas de último detalle y hora. ¿Con qué autoridad constitucional actuó o pretende actuar el Poder Ejecutivo al nombrar una comisión de legisladores y funcionarios ejecutivos? ¿Se emitió una Orden Ejecutiva? ¿Qué razón legítima o razonamiento validable sostiene este paso extraordinario de última hora? ¿Es realmente casualidad que las preocupaciones de Fortaleza el 6 de mayo respondan a un memorando de los industriales entregado el día anterior? Basta una lectura superficial de las objeciones de "los magnates" para ver que los artículos que objetan son: 1)igual al texto del código vigente o, 2) son igual a textos penales de países capitalistas y democráticos como Alemania y España, y siguiendo el Código Penal Modelo del American Law Institute. Los cabilderos embaucaron a la Gobernadora. Yo no les enseñé eso. De lo que claramente se trata es de que las empresas corporativas pretenden estar exentas de responsabilidad penal cuando realizan actos que constituyen delito. Claro, se esconden detrás de la "corporación" (persona jurídica) los directivos que son quienes toman las decisiones delictivas y las ejecutan. Esa engañifa vieja ya ha sido superada por la civilización y la responsabilidad, particularmente desde la década de los años '70. Precisamente del cuatrienio primero de don Rafael Hernández Colón y de la mayoría popular es legislación de ese nuevo cuño como la Ley de Aguas y otras de protección ambiental. Pero ya de antes los abogados cabilderos y los asesores de Fortaleza debieron leer nuestra Constitución y su compromiso con el ambiente, el ornato y los recursos naturales. ¡Otra vez se les olvidó la Constitución! Vergoña. El segundo caso es más sencillo si bien igual de grave. No es de violar la separación de poderes pero sí violenta el poder legislativo y el sistema republicano de gobierno. Se trata de que el Comisionado Residente de Puerto Rico ante Estados Unidos menoscaba al senador Roberto Prats por haber presentado un proyecto de ley en la Secretaría del Senado. El Comisionado no tiene poder ni autoridad para ello, pero es el "presidente del Partido Popular Democrático (PPD)". ¡Ah! Expresó que el proyecto se había radicado en el lugar "inapropiado". Oiga, ¿y cuál es el lugar apropiado para que un legislador radique proyectos de ley? Si el 'rosellato' pretendió ser monarquía absolutista "tomando posesión" de todos los bienes y fondos públicos y menospreciando la Constitución, entonces tengamos cuidado con esta tendencia a actuar de nuestro actual gobierno como si viviéramos bajo un sistema parlamentario donde no hay separación total entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Por cierto, en ambos sistemas, el gobierno es del pueblo, no es del partido político. Y si hace falta, recuerden que además de la Constitución la Ley 600 de Convenio requiere un sistema de gobierno de forma republicana. ¡Rectifiquen!
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Message: 2 Date: Thu, 20 May 2004 05:50:31 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Areas eliminadas en el Código Penal ENDI <http://www.endi.com/> > EL PAIS
Areas eliminadas en el Código Penal _____ jueves, 20 de mayo de 2004 Por José Javier Pérez end.jperez1@elnuevodia.com
EL SECRETARIO de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y líder del comité que evalúa el Código Penal, Luis Rodríguez, no descartó ayer el cambio o eliminación de conceptos en el área ambiental del código, aunque aseguró que ello persigue reducir la ambigüedad. El comité evaluador podría terminar el análisis del Código Penal la próxima semana, dijo. Sectores vinculados con el proceso aseguran que como parte de la evaluación que la gobernadora Sila M. Calderón encomendó a ese comité, se gesta la eliminación de conceptos como los vinculados a la salud y al medio ambiente, algo que convertiría el código ambiental en algo genérico. No obstante, Rodríguez dijo que si se realiza algún cambio será para darle más énfasis al código. "Aquí no estamos tratando de pasar gato por liebre", dijo Rodríguez en un aparte con El Nuevo Día luego de una conferencia de prensa donde el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan y la organización internacional Ocean Conservancy anunciaron una campaña de concienciación sobre la prevención de generación de basura en las playas. Ambientalistas, organizaciones comunitarias y religiosas han advertido que las razones reales para que La Fortaleza detuviera la aprobación del Código Penal fueron los cuestionamientos que levantaron sectores de la industria de la construcción acerca de los artículos que tipifican como delito ciertas acciones contra el medio ambiente. Pero Rodríguez reiteró que el análisis nace de un interés genuino de la Gobernadora de mirar bien el código para reducir la ambigüedad en los términos. La evaluación del Código Penal la realiza Rodríguez, la secretaria de Justicia, asesores de La Fortaleza y los presidentes de la Comisión Jurídica de Cámara y Senado, indicó.
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Message: 2 Date: Tue, 25 May 2004 05:35:02 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Sigue el tranque por Código Penal
Sigue el tranque por Código Penal La Fortaleza quiere cambios
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
martes, 25 de mayo de 2004
Maritza Díaz Alcaide PRIMERA HORA _____
Se mantiene el tranque en torno al nuevo Código Penal.
Los presidentes de las comisiones de lo Jurídico de Senado y Cámara pidieron ayer en La Fortaleza que el proyecto se apruebe tal y como está y que luego se ajuste, si es necesario.
La Rama Ejecutiva, en tanto, presentó las enmiendas que interesa y según declaró anoche el secretario de la Gobernación, César Miranda, no es posible que la medida se rubrique sin cambios.
"Tenemos que tener claro cómo va a quedar conformado el Código", dijo el Secretario de la Gobernación en un encuentro con periodistas luego de suscitarse en la Mansión Ejecutiva una reunión de dos horas y media entre las partes.
Los presidentes de las comisiones de lo Jurídico, el representante Charlie Hernández y el senador Eudaldo Báez Galib, insistieron a su llegada a La Fortaleza en que los días siguen corriendo y se acerca el fin de la sesión mientras quedan todavía por aprobar 36 leyes de ajuste al Código Penal, que también habría que aprobar durante este periodo.
"Lo más razonable es que el Código sea analizado en su totalidad y que entre en vigor la disposición que contiene el documento que crea una comisión para evaluar cambios adicionales", dijo Hernández.
A su salida de palacio, los legisladores seguian pensando igual: "A este momento, mi posición sigue siendo ésa (que el Código no cambie), pero eso no quiere decir que no se escuche el razonamiento del Ejecutivo", dijo Báez Galib.
La gobernadora Sila M. Calderón confirmó ayer que ya recibió la propuesta de cambios sobre el articulado de delitos ambientales y que está conforme con los mismos.
La secretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, por su parte, informó que ya fue presentada la totalidad de la propuesta del Ejecutivo.
Ante preguntas de PRIMERA HORA, el titular de Recursos Naturales y Ambientales, Luis Enrique Rodríguez, dio a conocer que en el Artículo 243, de contaminación ambiental agravada, él recomendó que se cambie el concepto de delito cometido por "persona jurídica", que significa corporación, por el de "persona", que es todo el mundo, no sólo las empresas.
Sobre ese particular, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara dijo que estaba conforme, ya que eso haría del articulado más inclusivo y estricto.
"El término persona incluye el jurídico. En la medida que sea eso lo que ellos proponen, le damos la bienvenida", apuntó.
Agregó que si se trata de cambiar una sola palabra, eso se puede cambiar ahora.
El Secretario de Recursos Naturales, de otra parte, dijo que sólo en uno de los delitos ambientales quedaría especificada la negligencia como causa: en el de envenenamiento de cuerpos de agua para beber.
"Si hay intención es una pena más alta. En la negligencia es más baja, pero esa negligencia se define y no es la del Código Civil, es una negligencia más crasa. Se mira en la industria en que se está, y cuáles son los estándares", abundó.
Rodríguez, según se indicó, fue instruido por Calderón para que discutiera los cambios con la presidenta del Consejo Asesor Ambiental, Mariam González, y con los desarrolladores, los que dijo están satisfechos.
"Ellos lo que han dicho desde un principio es que interesan que los delitos se contemplen cuando haya intención de contaminar", apuntó.
El Código fue aprobado por ambos cuerpos legislativos, pero falta que el Senado concurra con los cambios que le hizo la Cámara.
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Message: 12 Date: Wed, 26 May 2004 05:14:14 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Sin cambios sustanciales las cláusulas ambientales
ENDI <http://www.endi.com/> > EL PAIS
Sin cambios sustanciales las cláusulas ambientales
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miércoles, 26 de mayo de 2004
Por José Javier Pérez End.jperez1@elnuevodia.com
LOS CUATRO artículos que tipifican delitos ambientales en el nuevo Código Penal ya fueron sometidos ante la consideración de la gobernadora Sila María Calderón y prácticamente quedaron inalterados, aseguró ayer Luis Rodríguez, secretario de Recursos Naturales y Ambientales.
"Son las mismas cláusulas originales, pero lo que se hizo fue aclararlas para que sean más efectivas y procesables en un tribunal", dijo Rodríguez.
Por su parte, la presidenta del Comité Asesor Ambiental de la Gobernadora, Marian González, no objetó las enmiendas. "En principio estamos de acuerdo", indicó al aclarar, sin embargo, que esta realizando consultas con sus abogados antes de dar un apoyo categórico.
Rodríguez explicó que el proceso de evaluación general no ha terminado, ya que aún quedan por inspeccionar todos los aspectos penales del código.
SE ESPERA que todo el proceso de evaluación culmine a finales de la próxima semana, según Rodríguez.
No obstante, y a manera de ejemplo de los ajustes en el área ambiental, el secretario mencionó el Artículo 243.
Este artículo tiene que ver con contaminación agravada y solamente hacía referencia a personas jurídicas (corporaciones), sin mencionar a individuos.
"Como todo el mundo sabe, hay violadores tanto corporativos como individuos, así que sugerimos eliminar la palabra 'jurídicos' y dejamos personas. Esto lo hace más efectivo", explicó.
Rodríguez dijo que no estaba en posición ayer de discutir las otras enmiendas. No obstante, El Nuevo Día obtuvo copia de los cambios presentados a Calderón.
El Artículo 240 tiene que ver con el delito de poner en peligro la vida, salud, integridad corporal o la seguridad de una o varias personas al provocar una explosión, una inundación o movimiento de tierra, al ocasionar la demolición de un bien inmueble o al utilizar gas tóxico o asfixiante, energía nuclear, elementos ionizantes o material radiactivo, microorganismos o cualquier otra sustancia tóxica o peligrosa.
EN ÉSTE, se cambió la frase "perjudicial a la salud o con capacidad destructiva" por "tóxica o peligrosa".
En el Artículo 241 sobre envenenamiento de las aguas de uso público se quitó la frase "apropiadas para destruir la salud humana" y se sustituyó por "tóxicas o peligrosas". Ahora, lee: "Toda persona que ponga en peligro la vida o salud de una o varias personas al envenenar, contaminar o verter sustancias tóxicas o peligrosidad en pozos, depósitos, cuerpos de agua, tuberías o vías pluviales que sirvan al uso y consumo humano, incurrirá en delito grave…".
En el Artículo 242 sobre contaminación ambiental se añadió la frase "reglamentos o condiciones especiales" y la palabra "biológico".
Este lee así ahora: "Toda persona que realice o provoque directa o indirectamente, emisiones, radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, atmósfera, aguas terrestres superficiales, subterráneas o marítimas, en violación a las leyes, reglamentos o condiciones especiales" y que ponga en grave peligro la salud de las personas o el equilibrio biológico de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, incurrirá en delito grave de cuarto grado".
EL ARTÍCULO 243, al que Rodríguez hizo referencia lee ahora de esta forma: "Si el delito de contaminación ambiental, que se tipifica en el Artículo 242, se realiza sin obtener el correspondiente permiso ambiental o clandestinamente, o ha incumplido con las disposiciones expresas de la autoridades competentes para que corrija o suspenda cualquier acto en violación de la ley, o aportó información falsa para obtener el permiso correspondiente, o impidió u obstaculizó la inspección por la autoridad competente, incurrirá en delito grave de tercer grado".
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Message: 5 Date: Fri, 28 May 2004 06:17:45 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Temor por delitos ambientales
ENDI <http://www.endi.com/> > PERSPECTIVA
Temor por delitos ambientales
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viernes, 28 de mayo de 2004
LA DISCUSION sobre la inclusión de los delitos ambientales en el nuevo Código Penal, ha levantado una ola de preocupación en un sector de la industria de la construcción. Pero no hay nada que temer, salvo para aquellos que a sabiendas violan las leyes y reglamentos. El Consejo Asesor sobre Asuntos Ambientales de la Gobernadora, al igual que los grupos ambientales y miembros de la comunidad científica, religiosa y legal, creemos firmemente que la Gobernadora tiene la obligación constitucional y el deber moral de defender al país de los criminales y delincuentes que atentan contra el ambiente de todos. Es necesario defendernos de aquellos que no miden las consecuencias de sus acciones y pretenden continuar operando con total impunidad. En otras, palabras, deben responder como cualquier otro delincuente que infringe las normas de convivencia social.
Sostenemos que la Gobernadora tiene en sus manos la responsabilidad histórica de reafirmar y cumplir el mandato constitucional (Artículo VI, Sección 19, Constitución del ELA) que ordena la protección de todos los bienes que son importantes para la vida humana y para el desarrollo integral de nuestro país. La inclusión de los delitos ambientales en el nuevo Código Penal, colocará a Puerto Rico en la lista de los países desarrollados que han incorporado el delito ambiental en sus respectivas legislaciones penales al reconocer que la contaminación ambiental y la explotación descontrolada de los recursos naturales tienen serias consecuencias en la seguridad, bienestar y salud de la población, así como en la ecología. Es sencillamente inaceptable la destrucción sistemática de los cimientos naturales de nuestro país y las consecuencias nefastas que ello acarrea contra la población.
Insistimos que es imperioso que la Gobernadora no detenga la tipificación de los delitos contra el ambiente y que los mismos se aprueben tal y como han sido redactados, ya que establecen diáfanamente las sanciones correspondientes como también la obligación de reparar el daño causado.
No cabe duda que al añadir estos delitos al nuevo Código, se llena un vacío legislativo en el ámbito penal, que responde al mandato constitucional de conservar y proteger los recursos naturales. La inclusión de los delitos ambientales garantiza los mecanismos de regulación y control social que tanto necesitamos.
Los argumentos levantados hasta el momento en contra de los delitos ambientales no presentan fundamentos de naturaleza alguna.
Las objeciones se reducen a argumentos vacíos sobre alegadas "vaguedades" sin que se pueda siquiera explicar en qué consisten las mismas. Sostener que la economía del país se verá afectada y que se perderán miles de empleos no es otra cosa que un intento deshonesto para detener conductas antisociales. Basta una simple mirada a las economías de los países en los cuales se ha tipificado el delito ambiental para ver la demagogia de dicho planteamiento. Por otro lado, mediante una tergiversación acomodaticia se ha pretendido hacer una analogía de meras acciones accidentales, como el desbordamiento de un pozo séptico, con los actos intencionales y negligentes los cuales son precisamente los que el Código persigue detener. Reafirmamos que ningún individuo o sector debe sentirse amenazado por la inclusión de estos delitos en el Código Penal, a no ser que tenga la intención de violar la ley.
La Gobernadora, tiene la mejor oportunidad de brindarle a la sociedad puertorriqueña un instrumento poderoso para que nuestro país se coloque en el grupo de naciones que reconocen que el derecho a la calidad de vida y al medio ambiente, son derechos fundamentales y objetivos irrenunciables.
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Message: 5 Date: Thu, 3 Jun 2004 05:04:13 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Próxima firma del nuevo Código Penal
<http://www.vocero.com/images/vocero_logo.gif> <http://www.vocero.com/images/shim.gif> Edición de: 3 de junio de 2004 <http://www.vocero.com/images/titulo_Locales.gif>
Próxima firma del nuevo Código Penal Por: María Vera Redactora EL VOCERO
A pesar de las insistencias de la rama ejecutiva para que se le hagan más cambios al nuevo Código Penal, el Senado concurrirá con las enmiendas que le hizo la Cámara de Representantes y pasará a la firma de la Gobernadora para convertirse en ley.
Así lo aseguró el presidente de la Comisión senatorial de lo Jurídico, Eudaldo Báez Galib, a EL VOCERO. Aunque evadió contestar si hay un acuerdo con la rama ejecutiva, dijo que "no veo nada negativo". De hecho, mencionó que la concurrencia podía ocurrir en la sesión de hoy jueves.
"Mi esperanza es bajar el Código Penal y que la Gobernadora lo firme ya", dijo Báez Galib.
El Legislador hace unas semanas se mostró molesto por la petición que hizo la gobernadora, Sila Calderón, al Senado para que no concurriera con los cambios y así tener más tiempo para evaluarlo y hacerle cambios. El Gobierno mostró dudas con los delitos ambientales y con la reducción de las penas.
Mientras, la semana pasada se reunió con varios jefes de agencia para discutir las diferencias y al salir de la misma insistió en que la medida se debe aprobar y convertir en ley como está y luego, si es necesario, enmendarla.
Báez Galib señaló ayer que "ha habido bastante diálogo. Ha sido bueno porque se han aclarado muchas dudas". Indicó que el diálogo ha sido constante mediante llamadas telefónicas.
Mencionó que los técnicos de la Comisión han dialogado con los asesores de Fortaleza y "ya sólo lo que queda es concurrir y cualquier enmienda se haga después".
EL VOCERO insistió en que si había un acuerdo entre las ramas legislativa y ejecutiva, dijo que "no hay acuerdo. Es el curso natural de las cosas".
"Espero que se apruebe como está. No veo nada negativo. Al contrario, las conversaciones han sido muy positivas. Luego se pueden hacer las enmiendas que en su mayoría son técnicas. No pretenden liberalizar el Código, sino hacerlo más específico", indicó Báez Galib.
El Senador no anticipó un nuevo debate en el Senado el día en que se consideren las enmiendas que le hizo la Cámara.
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Message: 6 Date: Thu, 3 Jun 2004 05:08:32 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: El Senado concurrirá con las enmiendas al Nuevo Código Penal
El Senado concurrirá con las enmiendas al Nuevo Código Penal
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
jueves, 3 de junio de 2004
Irene Garzón Fernández PRIMERA HORA _____
A concurrir.
Aparentemente se han resuelto las dudas sobre el propuesto nuevo Código Penal y el Senado se propone concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes, acción que podría ocurrir en la sesión senatorial de hoy.
"Mi expectativa es que mañana (hoy) podamos aprobar en el Senado la concurrencia con las enmiendas de la Cámara", dijo ayer a PRIMERA HORA el senador popular Eudaldo Báez Galib, presidente de la Comisión de lo Jurídico encargada de esta legislación.
Simultáneamente, ayer, Báez Galib y el presidente de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara, Charlie Hernández, radicaron una resolución conjunta en sus respectivos cuerpos legislativos para crear el organismo que tendría a su cargo la revisión continua del nuevo código y para la reforma de las leyes penales.
La medida crearía para ello una Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa, con lo que se cumpliría con lo requerido por el Artículo 312 del Código Penal nuevo.
Báez Galib, que espera que el Senado también apruebe hoy esta resolución conjunta, explicó que con ella se establece un organismo que mantenga el código al día. "Ese es un ente revisor que provee el artículo 312", dijo al explicar que lo que se busca es "no tener que hacer otra revisión del Código Penal. No tenemos que pasar por lo que pasamos ahora, ya que esa estructura velará al código permanentemente y va sugiriendo enmiendas que deben ocurrir como consecuencias del tiempo y el modernismo".
La medida asigna inicialmente para el próximo año fiscal $200 mil para gastos de funcionamiento de lapropuesta Comisión Conjunta y en años subsiguientes sus gastos se cargarán a los presupuestos de las cámaras legislativas por partes iguales.
El Artículo 312 del nuevo Código Penal requiere que, dentro de los 30 días subsiguientes a la fecha de su aprobación, la Asamblea Legislativa establezca un "ente revisor" que, entre otras funciones, evalúe las leyes relacionadas con la administración de la justicia criminal, las Reglas de Procedimiento Criminal y las leyes que tipifican delitos para proponer los cambios que sean necesarios para atemperar sus disposiciones a lor provisto en el nuevo código
-¿Confía que la Gobernadora apruebe el nuevo Código Penal?
-Yo espero que sí. Puerto Rico va a tener un nuevo Código Penal a la altura de los mejores códigos penales del mundo, con un cambio de filosofía total y completa, de un código que tenemos ahora que va dirigido al castigo, a un código nuevo que va dirigido a la rehabilitación.
En tanto, Hernández expresó confianza en que el nuevo código se apruebe, que el Senado concurra con las enmiendas de la Cámara y que la gobernadora Sila M. Calderón lo firme "tal y como está".
"Tengo la confianza de que si hay algo que enmendarle al código, se haga con posterioridad a su firma. Este no es el momento para enmendarlo", afirmó Hernández a PRIMERA HORA.
Báez Galib dijo que se han "explorado todas las dudas que pueda tener el poder ejecutivo y a todas las dudas se le ha buscado solución".
Resuelto el tema ambiental
En cuanto a la cuestión ambiental, dijo que se ha resuelto. Por ejemplo, señaló que había dudas técnicas y que se fueron resolviendo sobre la marcha, como aquellas sobre "persona jurídica", a lo que se le quería incluir "persona natural" y "demostramos que en las definiciones del código la una incluye a la otra".
Según Báez Galib, "las dudas que había no ameritan técnicamente que nos pongamos a enmendar el código ahora. Es preferible convertirlo en ley y que ese ente revisor bregue inmediatamente con esas dudas..."
Hernández, por su parte, dijo que ellos le explicaron a la Gobernadora los alcances de los delitos ambientales, ante información equivocada que se le estaba llevando.
"Ella entendió nuestros planteamientos y yo esperaría que luego que se apruebe el código, si algo se va a hacer sobre los delitos ambientales, sea el garantizar que sean mucho más rigurosos que los que nosostros legislamos y eso tendría su bendición", subrayó Hernández.
Mientras, aunque admitió que la Gobernadora tiene "mucha preocupación con algunas penas y a eso se le están haciendo unos análisis", Baéz Galib se reservó identificarlas porque Calderón "no las ha dicho públicamente".
Llamó la atención a que gran parte del diálogo que han tenido con el Ejecutivo no ha sido meramente sobre el código, ya que hay sobre 30 medidas que se han estado aprobando que ajustan otras leyes al nuevo código.
De hecho, Hernández dijo la Cámara ya tiene informes de 16 de ellas para incorporarlas en calendarios de la sesión y otras 16 se recibieron ya aprobadas del Senado y se van a refrendar junto a las de la Cámara.
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Message: 6 Date: Thu, 3 Jun 2004 05:24:02 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Código Penal al foro legislativo
ENDI <http://www.endi.com/> > POLITICA
Código Penal al foro legislativo
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jueves, 3 de junio de 2004
Por Daniel Rivera Vargas End.drivera@elnuevodia.com <mailto:End.drivera@elnuevodia.com>
EL PROYECTO para un nuevo Código Penal podría obtener hoy la aprobación de la Legislatura, para su eventual firma en ley luego de un largo y polémico proceso que incluyó enfrentamientos con un enorme sector religioso y una inusual intervención de la gobernadora Sila María Calderón.
"Mi esperanza, no me atrevo poner la mano sobre la Biblia, es que baje mañana", dijo Eudaldo Báez Galib, quien como presidente de la Comisión de lo Jurídico es autor de la medida.
Se espera que el Senado concurra con las enmiendas de la Cámara de Representantes y entonces pase a La Fortaleza, para su aprobación final.
El proyecto llega a su etapa final tras un tortuoso proceso de discusión desde el año pasado, cuando el Senado dejó fuera el delito de sodomía. Esto provocó fuertes protestas por parte de sectores religiosos, en particular evangélicos, pero esa controversia se extinguió luego de que la Corte Suprema federal decretara los estatutos que prohibían esta práctica homosexual como inconstitucional.
Más recientemente la decisión cameral de aprobar el proyecto sin vistas causó intensos debates con las minorías. Luego, Calderón intervino para evaluar el apartado de delitos ambientales, en lo que algunos catalogaron como una violación a la separación de poderes.
"De allá para acá han habido múltiples conversaciones telefónicas (incluyendo una reunión con Calderón)", dijo Báez Galib. "Algunas de las recomendaciones que ha traído La Fortaleza son bien razonables".
BÁEZ GALIB explicó que la Gobernadora firmaría el proyecto y que próximamente se someterían enmiendas para recoger las dudas de la Rama Ejecutiva, en las que intervino activamente el secretario de Recursos Naturales y profesor en Derecho, Luis Enrique Rodríguez.
Agregó que debe aprobarse sin problema porque la Cámara básicamente respaldó el proyecto del Senado, aunque con enmiendas de forma, con excepción de la que aumenta la edad de 14 a 16 años para consentir las relaciones sexuales, aspecto que generó algún debate público.
Otro aspecto polémico del proyecto es la drástica baja en las penas, justificado que representan ahora la realidad de lo que se cumple actualmente en cárcel.
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Message: 1 Date: Fri, 04 Jun 2004 05:49:30 -0400 From: Abel Vale <enlacepr@direcway.com> Subject: Código a la trágala
<http://www.vocero.com/images/vocero_logo.gif> <http://www.vocero.com/images/shim.gif> Edición de: 4 de junio de 2004 <http://www.vocero.com/images/titulo_Editorial.gif>
Código a la trágala A pesar de los múltiples cuestionamientos sobre lagunas en el nuevo Código Penal, el Senado se propone concurrir con el proyecto que aprobó la Cámara de Representantes el pasado mes de mayo. De esta forma, la controvertible pieza legislativa pasará a La Fortaleza para la firma de la Gobernadora.
De hecho, la Primera Ejecutiva tendrá un período de diez días para convertirlo en ley o vetarlo. Pero las dudas que se expusieron públicamente sobre las serias implicaciones que tendría la aprobación de este código quedaron en el aire.
Nadie se ha tomado la molestia de aclararle al pueblo sobre la reducción en penas a quienes cometan delito, sobre las penas criminales que se impondrían a los desarrolladores en el sector de la construcción –si incurren en alguno de los llamados “delitos ambientales” y las consecuencias que esto tendría–, en una industria que genera entre 60 mil y 80 mil empleos.
Hasta donde se sabe, la Gobernadora tenía unas preocupaciones que serían evaluadas por sus secretarios de Justicia y Recursos Naturales. Luego trascendió que hubo una reunión entre los legisladores que atendieron el proyecto del Código Penal, la Gobernadora y sus secretarios de gabinete. De ahí en adelante, el pueblo no sabe nada más y ahora vemos que el Senado se propone aprobar la pieza legislativa.
La Asociación de Constructores de Hogares se quedó literalmente sin un turno al bate, ya que estaban solicitando que se hicieran nuevas vistas públicas para plantear sus preocupaciones. Sin embargo, esta solicitud no se les concedió.
En el tintero también quedan las preocupaciones expuestas por la minoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el sentido de que con la reducción de sentencias el Código Penal busca “sacar presos para evitar multas”, sin atender el aspecto de la rehabilitación.
En ese sentido, la prensa en Estados Unidos ha informado sobre estados que también están reduciendo las penas para reducir los altos costos de la operación de los sistemas carcelarios. Sin embargo, habría que preguntarse si con la incidencia criminal de Puerto Rico esa sería una buena decisión.
Entendemos que, por tratarse de un tema tan sensitivo, la Legislatura debió replantearse el proyecto y dar el espacio para una nueva ronda de vistas públicas. Sin embargo, el proyecto a todas luces se aprobará a la trágala.
Ahora la bola estará en la cancha de la Gobernadora, quien sólo tendrá diez días para tan importante decisión. Esperamos que tome su tiempo para balancear lo que realmente le conviene a Puerto Rico.
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Message: 1 Date: Wed, 9 Jun 2004 04:41:56 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Calderón firmará el nuevo Código Penal
<http://www.primerahora.com/_images/spacer.gif>
Calderón firmará el nuevo Código Penal Senado concurre con las enmiendas
PRIMERA HORA <http://www.primerahora.com/> > PANORAMA
miércoles, 9 de junio de 2004
Maritza Diaz Alcaide PRIMERA HORA _____
La Gobernadora Sila M. Calderón se comprometió ayer a convertir en ley el nuevo Código Penal según lo aprobó la Legislatura, luego que el Senado concurriera ayer con las enmiendas que le introdujo la Cámara de Representantes a la medida.
Tras una reunión en La Fortaleza con los presidentes de las cámaras, Antonio Fas Alzamora y Carlos Vizcarrondo, así como otros integrantes del liderato legislativo, se anticipó que con la firma del proyecto se radicarán enmiendas para modificar las penas de algunos delitos.
De igual modo, se habrán de modificar ciertas definiciones de los delitos ambientales, según se anunció en la Mansión Ejecutiva, para hacerlas más precisas.
Las enmiendas a ser sometidas, se indicó, ya fueron aprobadas por los caucus de la mayoría parlamentaria de Senado y Cámara.
El acuerdo en cuanto a las penas de reclusión deja el asesinato en primer grado, que tiene actualmente un castigo de cárcel de 99 años, en los mismos 99 años que fijaba el Código propuesto.
El confinamiento a los convictos de asesinato en segundo grado se aumenta de entre 8 a 15 años en el código recomendado a entre 15 a 25, según las enmiendas.
En el código actual la pena que se fija es de entre 12 a 30 años y luego de las bonificaciones o si el reo logra libertad bajo palabra, puede salir entre 3.6 y 8.5 años.
En cuanto a la agresión sexual (violación, y sodomía no consentida) en el código propuesto las penas iban de entre 3 y 8 años y 8 y 15 y se enmendará para que sea de entre 15 a 25 años en los delitos con agravantes.
Actualmente la agresión sexual, que incluye varias modalidades, entre ellas la sodomía consentida, recibe penas de confinamiento de 10-15-25 y 20-30-50, y si el crimen se comete en el hogar, de 40-60- 99.
Luego de las bonificaciones y libertad bajo palabra,. el reo podía salir entre 3 y 28.2 años, considerando todas las modalidades.
El robo agravado, que se proponía tuviese una pena entre 8 y 15 años de prisión, se queda igual.
El actual código establece para dicho delito penas de 20, 30 y 50 años y el castigo real se traduce entre 5.7 años y 14.25.
El robo de menores, se advierte que ahora es secuestro agravado.
Este último delito, el secuestro agravado, quedará con una pena de reclusión de 15 a 25 años. El código propuesto lo fijaba entre 8 y 15, y el actual código contempla penas de 40, 60 y 99 años, que se traducen a entre 11.4 años y 28.21.
El código a firmarse será enmendado con respecto al delito de secuestro, de entre 3 a 8 años de prisión según el código propuesto a entre 8 y 15 años.
El castigo vigente es de 16, 24 y 40 años, cumpliéndose en realidad entre 4.56 años y 11.4.
El perjurio agravado, para el que se contemplaba una pena de siete meses a tres años en el código propuesto, con la enmiendas aumentará a entre 3 y 8 años.
En el código actual la pena es de 6, 9 y 15 años, cumpliéndose en la práctica entre 1.8 y 4.23 años.
En cuanto a la interceptación de llamadas, que el código propuesto y el vigente consideran como delito menos grave, las enmiendas fijan penas de entre siete meses y 3 años de cárcel.
El Ejecutivo y el Legislativo acordaron someter enmiendas para los delitos ambientales de la siguiente manera:
En el delito de envenenamiento de aguas de uso público se sustituirá el concepto de sustancias "apropiadas para destruir la salud humana" por "tóxicas y peligrosas".
Se aclaró que el término tóxico o peligroso a la que hará referencia la disposición incluirá sustancias perjudiciales a la salud con capacidad destructiva.
En la definición de contaminación ambiental se incluye además del concepto de "violación a las leyes", las violaciones a "reglamentos o a las condiciones especiales de los permisos aplicables". Y, en la modalidad agravada del delito de contaminación ambiental se sustituirá el término "autoridades ambientales" por "autoridades competentes".
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Message: 5 Date: Wed, 9 Jun 2004 04:51:12 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: En manos de Calderón el Código Penal
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En manos de Calderón el Código Penal
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miércoles, 9 de junio de 2004
Por Daniel Rivera Vargas End.drivera@elnuevodia.com <mailto:End.drivera@elnuevodia.com>
EL SENADO aprobó ayer el Código Penal por lo que pasa a la consideración de la gobernadora Sila M. Calderón para ser convertido en ley.
Con el voto en contra de la minoría novoprogresista, los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) lograron la aprobación del proyecto, que durante sus meses de debate público fue criticado porque "vaciaría" las cárceles de presos peligrosos, por sus leves sentencias, por eliminar el delito de la sodomía y más recientemente por la intervención de la Gobernadora en el apartado de los delitos ambientales.
La Fortaleza anunció ayer que una vez convertido en ley, será sometido a enmiendas para imponer penas más severas a ciertos delitos, como a la agresión sexual, secuestro y robo agravado, y enmiendas al lenguaje de ciertos delitos ambientales. Para la realización de estos cambios se aprobó un comité revisor permanente que de forma periódica actualizará el Código Penal.
La mayoría de estos temas no resurgieron ayer en el debate legislativo, destacó en su turno el presidente de la Comisión de los Jurídico, Eudaldo Báez Galib.
"DA LA impresión que abandonaron el discurso político porque se dieron cuenta que no tienen los fundamentos", dijo Báez Galib. "Creo que estamos aprobando la ley más importante de este cuatrienio".
La mayoría de las enmiendas de la Cámara al proyecto original enviado por el Senado fueron pro forma, siendo las más relevantes la que aumenta la edad de la mujer para consentir a relaciones sexuales de 14 a 16 años y la que crea el daño ambiental como delito.
En su turno, el portavoz de la minoría, Kenneth McClintock, cuestionó que no se han aprobado los fondos para lograr los principios rehabilitadores del Código.
"No se ha hablado realmente de rehabilitación. Tú no puedes legislar la rehabilitación si no apruebas los fondos", dijo el senador McClintock.
LA SENADORA popular Yasmín Mejías se abstuvo porque "hay preguntas que no han sido respondidas" destacando la protección a los niños.
Mientras, el portavoz de la mayoría popular, José Luis Dalmau, informó que el Código del Consumidor, que encaró oposición de grupos como la Cámara de Comercio y el Centro Unido de Detallistas, será discutido en la sesión de hoy.
"Hubo oposición de ciertos grupos pero no tenían base sustantiva porque estos proyectos no operan contra el desarrollo económico de Puerto Rico", destacó el propulsor de esta idea, el representante Héctor Ferrer.
Explicó que el proyecto recoge los principios jurídicos generales sobre los derechos del consumidor, pero no constituye una codificación de las leyes que actualmente existen. El estudio de ese proceso comenzará ahora, pero no sería radicado un proyecto hasta el próximo cuatrienio, dijo Ferrer.
ASIMISMO SE aprobó en el Senado un proyecto cameral que impone que medie una resolución legislativa antes de expropiar terrenos de las comunidades especiales.
Por otro lado, la Gobernadora se reunió ayer con los presidentes y portavoces de mayoría en las cámaras legislativas para repasar la legislación que está pendiente de aprobación, y subrayar las medidas que se consideran de más importancia para la administración.
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Message: 5 Date: Sat, 19 Jun 2004 07:18:11 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Avance jurídico en materia ambiental
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Avance jurídico en materia ambiental
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sábado, 19 de junio de 2004
Por Carmen Edith Torres End.ctorres@elnuevodia.com <mailto:End.ctorres@elnuevodia.com>
SI LOS DELITOS ambientales contenidos en el nuevo Código Penal no sufren modificaciones que alteren su sustancia, ese ordenamiento podría considerarse "un paso importante" en la protección ambiental, opinó el profesor Julio Muriente.
"Lo que el Código proveía era un paso importante al reconocer lo que constituye un delito ambiental. Si esos artículos se aprobaron esencialmente según lo que había en el borrador son un paso importante. Se pagaría incluso con cárcel las violaciones ambientales", sostuvo Muriente, quien formó parte junto a otros ciudadanos de un comité contra la violencia.
Precisamente varias de las enmiendas que están pendientes en la Legislatura son para clarificar el contenido de los artículos que tipifican delitos ambientales.
MURIENTE TAMBIÉN consideró como positivo que bajo el nuevo Código Penal se cumplan las penas específicas fijadas para los delitos.
"Si la condena que se dice es la que se cumple, y no las que se convierten en agua y sal, también sería bueno. Era un engaño lo que estaba ocurriendo", dijo el también profesor universitario sobre las penas que actualmente se cumplen con las variaciones que proveen los programas de bonificaciones y desvíos de cárcel.
En la investigación para la reforma del Código Penal, intervinieron las distintas facultades y escuelas de Derecho en el país, al igual que expertos internacionales en derecho penal, como el profesor catalán Santiago Mir Puig.
El año que transcurrirá para que entre en vigor el nuevo código, servirá como "un periodo de ajuste, educación y preparación", según descrito por la gobernadora Sila M. Calderón.
La Gobernadora dijo que el nuevo Código no sólo atiende las penalidades aplicables al delincuente, sino también la obligación del sistema correccional de implantar "un verdadero sistema de rehabilitación".
A juicio de Muriente, "no debemos conformarnos sólo con el carácter punitivo del Código".
"SERÍA SÓLO un instrumento represivo si no contuviera medidas de rehabilitación. El elemento de rehabilitación tiene que acompañar al Código Penal para que surta el efecto de hacer justicia", dijo el profesor.
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Message: 1 Date: Tue, 22 Jun 2004 07:38:26 -0400 From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Enmienda penal y delito ambiental
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Enmienda penal y delito ambiental
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martes, 22 de junio de 2004
Por Daniel Rivera Vargas End.drivera@elnuevodia.com <mailto:End.drivera@elnuevodia.com>
AL TIEMPO que ya comenzaron a aprobarse las enmiendas al nuevo Código Penal, el Senado le dio el visto bueno a una serie de proyectos a favor del medioambiente de la autoría de senadores de los tres partidos políticos..
Las enmiendas, un proyecto de la gobernadora Sila María Calderón, endurecen a 25 años las penas para delitos como la agresión sexual, el secuestro agravado, el robo agravado y el robo de menores.
Las penas del proyecto firmado por Calderón el viernes eran de sólo 15 años por los delitos señalados, esto porque representa lo que actualmente se cumple con el estado de derecho del Código Penal anterior.
Así también se aclara, en el nuevo apartado de delitos ambientales, que tanto personas naturales como jurídicas pueden ser procesadas bajo el nuevo Código Penal.
Mientras, el primero de los proyectos ambientales, de la autoría del independentista Fernando Martín y que ahora pasa a la Cámara de Representantes, traspasa los predios de los bosques de Puerto Rico al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
"Resulta en una clara contradicción el que agencias como la Autoridad de Tierras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas posean la titularidad de tierras significativas dentro de los bosques estatales", reza la exposición de motivos del proyecto que data del 2001.
Esto evitará situaciones como las del bosque Cambalache de Arecibo, en la que a pesar de ser terrenos supuestamente protegidos se han destinado parcelas de vivienda, carreteras y un vertedero, explica la medida. También se aprobó un proyecto, del portavoz novoprogresista Kenneth McClintock, que crea el programa para el control de la contaminación lumínica, o la gran cantidad de luz que se produce en el país.
MIENTRAS, AL cierre de esta edición fue colocada en turno posterior una medida del popular Roberto Prats, que aspira a que paulatinamente el gobierno sólo compre vehículos con motores híbridos. McClintock pedirá que se aclare que para el 2008 no se sustituirán todos los autos por híbridos, pues desechar ahora unidades en buen estado sería irresponsable. Mientras, el portavoz alterno novoprogresista Orlando Parga, dijo tener dudas sobre si el proyecto crea un trato preferencial ilegal para dos o tres marcas de autos.