Message: 4 Message: 24    Date: Tue, 27 Apr 2004 11:50:16 -0400    From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Alerta ambiental ante megaproyectos

 

Alerta ambiental ante megaproyectos

 

Por: Maricelis Rivera Santos Redactora EL VOCERO

 

Por sentir que sus planteamientos no son atendidos, el Consejo Asesor  Sobre Asuntos Ambientales de la Gobernadora (CASAA) recurrió nuevamente ayer  a la prensa para denunciar que el Gobierno permite e impulsa una docena de megaproyectos en detrimento del patrimonio del pueblo.

 

Mariam González, presidenta del organismo, señaló que envió una carta a  la Primera Ejecutiva el 25 de marzo en la que advirtió las graves  consecuencias que acarrearían los proyectos, pero no ha recibido respuesta.

 

"Los megaproyectos afectarían la zona marítimo terrestre, las barreras costeras, las zonas agrícolas, los abastos de agua y representan la  venta indebida de patrimonio del pueblo", manifestó González. Uno de los  problemas es que el Gobierno federal estableció que no resarcirá por daños de fenómenos atmosféricos a propiedades construidas en las zonas de  barreras costeras.

 

"El Gobierno está ignorando la peligrosidad porque está permitiendo que  se esté construyendo en las barreras costaneras y cuando vengan tormentas,  los daños los vamos a tener que pagar los puertorriqueños", indicó Lugo,  miembro del CASAA.

 

Agregó que en Puerto Rico los funcionarios no tienen conciencia de que  se debe proteger la zona marítimo terrestre y las playas que se van  reduciendo por causas naturales y que además son propiedad del pueblo. Asimismo, subrayó que la Autoridad de Tierras está vendiendo los mejores terrenos agrícolas.

 

Costa Serena, en Piñones; Luquillo Fun Park, en Luquillo; el Centro Turístico del Sur de Aguirre, en Salinas; San Miguel Dos Mares, en  Luquillo; la Cala Dorada, en Dorado; y cambios a la zonificación en la Laguna de Tortuguero son algunos de los megaproyectos propuestos que preocupan al CASAA.

 

Costa Serena, propuesto por el presidente del Consejo Asesor de  Construcción de la Gobernadora, Joel Katz, es uno de los proyectos que, según el  CASAA, invadiría las barreras costeras.

 

Según González, junto con la carta a la Gobernadora se le adjuntó un  mapa con todos los proyectos y sus efectos.

 

"Estos proyectos representan maltrato y violaciones contra nuestros  recursos naturales, la flora y la fauna y los recursos marinos", aseveró el  experto en biodiversidad, Rafael Joglar.

 

El planificador José Rivera Santana planteó que el problema es que los desarrollos se aprueban con la excusa de las excepciones y variaciones  a las leyes y reglamentos, pero eso se ha convertido en la norma.

 

Dijo que el gobierno de Calderón ha incumplido con las propuestas del Proyecto Puertorriqueño para el Siglo 21 y asume unas tendencias  peligrosas que se asemejan a las prácticas contra el ambiente de la Administración Rosselló.

 

Wanda Colón, miembro del CASAA, indicó que los desarrolladores en  conjunto con la banca hipotecaria son como una mafia que tiene demasiadas  influencias en el Gobierno.

 

A pesar de las frustraciones con la Administración Calderón, los  miembros del CASAA manifiestan que han tenido varios logros. Además, continúan constituidos como cuerpo porque entienden que es necesaria la voz de  los ambientalistas en las estructuras gubernamentales.

 

Colón expresó que el organismo ha servido de instrumento para obtener información que de otra manera no tendrían.

 

No fue posible obtener una reacción de La Fortaleza sobre las denuncias  del grupo.

 

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Date: Wed, 28 Apr 2004 00:10:15 -0400    From: "Madre Tierra" <madretierrapr@hotmail.com> Subject: CONSEJO ASESOR AMBIENTAL EXIGE AL GOBIERNO DETENGA DESTRUCCION  AMBIENTAL

 

Consejo Asesor sobre Asuntos Ambientales de la Gobernadora

 

       

 

      Consejo Asesor  sobre Asuntos Ambientales de la Gobernadora

 

                   

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

 

Consejo Asesor Ambiental exige al gobierno detenga destrucción  ambiental

 

 

 

Miramar- El Consejo Asesor sobre Asuntos Ambientales de la Gobernadora  (CASAA) y miembros de la comunidad científica y legal, unen sus voces  para exigir al gobierno que detenga la destrucción ambiental y  frene la  concesión de permisos de todos aquellos proyectos propuestos que  atentan contra los bienes públicos. 

 

 

 

"Al presente hay una docena de mega proyectos propuestos, que de  aprobarse representarían la venta indebida del patrimonio público, el  agotamiento de nuestros limitados abastos de agua, la destrucción de grandes  extensiones de suelos de alta productividad agrícola, que además, violan  las leyes que protegen la zona marítimo-terrestre y las barreras  costaneras", denunció  Mariam González, presidenta del CASAA, en conferencia  de prensa celebrada hoy lunes, en el Colegio de Abogados. 

 

 

 

 "Entendemos que esta administración tiene en sus manos y no ha  aprovechado la oportunidad de cumplir su compromiso con el desarrollo  sustentable del país y defender con valentía la política pública ambiental",  expresó el Dr. Ariel Lugo, miembro del CASAA.

 

La abogada ambiental Jessica Rodríguez Martin, destacó que "el esquema  de otorgar permisos para vender y construir en terrenos públicos y en  zonas sensitivas, está acompañado de enmiendas y excepciones  a las  leyes  y reglamentos ambientales que  violan el principio constitucional de  que la conservación de los recursos naturales es para el beneficio  general de la comunidad,  según establece nuestra ley rectora".

 

Entre los mega proyectos propuestos en áreas sensitivas o en terrenos  públicos que impactan la zona marítimo terrestre y las barreras  costaneras están: Costa Serena en Piñones; el Luquillo Fun Park en Luquillo; el  Centro Turístico del Sur en Aguirre, Salinas; el San Miguel Dos Mares,  en Luquillo y la Cala Dorada, en  Dorado; así como los cambios en  zonificación propuestos para  la Laguna Tortuguero en Vega Baja.

 

Los integrantes del CASAA, presentaron copia de una carta enviada a la  Gobernadora el 25 de marzo, donde se le informa sobre la ilegalidad  y  violación constitucional de la apropiación de los bienes públicos,  acompañado de una serie de sugerencias para detener la venta de terrenos  públicos.  También entregaron copia de un mapa de Puerto Rico, así como  una lista de municipios amenazados con  proyectos que tendrían un serio  impacto al ambiente. 

 

"Es hora de detener la práctica de continuar enajenando los bienes  públicos, no podemos permitir que nuestro patrimonio pase a manos privadas,  pues con ello perdemos de manera permanente el derecho al uso y  disfrute de los mismos", señaló el planificador ambiental, José Rivera  Santana.

 

La propuesta de acción de los ambientalistas, según solicitado a la  Gobernadora es:  que ordene a la Autoridad de Tierras a que desista  de  todo proceso de venta de terrenos agrícolas para propósitos incompatibles  con la agricultura y el ambiente natural; que ordene a la Junta de  Planificación, que no apruebe ningún desarrollo propuesto en la zona  marítimo terrestre por tratarse de un bien público  de todos los  puertorriqueños; que ordene al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que  delimite y defienda la zona marítimo terrestre de Puerto Rico tal y  como manda la ley; que clarifique si es política pública permitir  desarrollos en las barreras costeras de Puerto Rico. 

 

26 de abril de 2004

 

Contactos: Mariam González: 781-4550 / Wanda Colón Cortés: 487-4617

 

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Message: 4    Date: Wed, 28 Apr 2004 10:41:57 -0400    From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Denuncias que ameritan atención

 

Denuncias que ameritan atención

 

EL Vocero

 

 

 

Las denuncias hechas por el Consejo Asesor sobre Asuntos Ambientales de  la Gobernadora, en donde están reprochando el caso omiso que se le está haciendo a las recomendaciones de este cuerpo para darle paso a una  serie de megaproyectos, es una alerta a la que debemos prestarle atención.

 

Este grupo, compuesto por miembros de la comunidad y líderes que  dedican gran parte de su tiempo en la defensa del medio ambiente, se reunió con  la prensa para denunciar como el Gobierno le ha dado paso a cerca de una  decena de desarrollos que más que provocar actividad económica –en los  sectores donde se proponen establecerse–, contribuirán a seguir deteriorando la  zona marítimo terrestre; las barreras costaneras, las zonas, agrícolas, las fuentes de abastos de agua y las playas.

 

Las denuncias no sólo recogen una serie de preocupaciones de índole ambiental. Además dejan al descubierto cómo la Autoridad de Tierras  –cuya misión se supone incluya la protección y desarrollo de los terrenos agrícolas del país para su desarrollo– está disponiendo de esos  terrenos que se supone defienda, vendiéndolos para la construcción de estos  proyectos.

 

Entre los proyectos enumerados por el grupo asesor de la Gobernadora  están desarrollos en los municipios de Luquillo, Dorado, Salinas, Vega Baja y  la zona de Piñones. Todas estas áreas tienen un común denominador: las continuas quejas por los problemas de abastos de agua y facilidades de alcantarillado sanitario para las comunidades.

 

Es evidente que las denuncias del grupo asesor de Sila Calderón están fundamentadas en el patrón antes expuesto, de otorgar permisos de construcción por encima de las leyes y reglamentos vigentes,  amparándose en excepciones a las reglas para darle paso a nuevos megaproyectos para  los que no existe la infraestructura necesaria para su funcionamiento adecuado.

 

Esto, a su vez, lo que provoca es que los nuevos desarrollos operen con  los recursos existentes para los que llegaron primero a la región. Es  decir, afectando los servicios que antes disfrutaban las comunidades  circundantes.

 

Si en un principio la Gobernadora estimó que el asesoramiento de este  grupo era importante para la preservación de nuestros recursos naturales,  entonces es de vital importancia que preste oídos a los planteamientos  presentados por ellos. Tal vez así podrían armonizarse aspectos importantes para la defensa del medio ambiente y el desarrollo de nuevos proyectos de  interés económico.

 

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Message: 14    Date: Wed, 28 Apr 2004 13:45:01 -0400    From: "Abel Vale" <enlacepr@caribe.net> Subject: Rigor ambiental para los desarrolladores

 

Rigor ambiental para los desarrolladores

 

Advertencia de la Gobernadora

 

 <http://www.primerahora.com/> PRIMERA HORA > PANORAMA

 

miércoles, 28 de abril de 2004

 

Maritza Díaz Alcaide  PRIMERA HORA

 

  _____ 

 

Serán evaluados con "todo el rigor de la ley".

 

Eso manifestó ayer la gobernadora Sila M. Calderón sobre los  desarrollos propuestos para distintos puntos de la Isla y que, según su propio  Consejo Asesor Ambiental, se ubicarían en terrenos agrícolas, atentarían contra  la ecología que los circundaría o invadirían la zona marítimo terrestre.

 

La Primera Ejecutiva, que catalogó como carentes de fundamentos las  críticas en su contra, afirmó que cada proyecto mencionado tendrá que ser visto  en sus propios méritos.

 

"Hay un proceso de ley, de reglamentos. Yo no entro en esos procesos  porque sería altamente inapropiado", dijo, para más tarde señalar que está totalmente convencida de que sus jefes de agencias entienden que el desarrollo económico que propulsa su administración es uno sustentable  y respetuoso de los recursos naturales.

 

La Mandataria añadió que todos los proyectos que mencionaron los  miembros del Consejo "serán vistos con todo el rigor de la ley".

 

Sobre la carta que le dirigió el Consejo y que fue hecha pública el  lunes, Calderón dijo que no había llegado personalmente a su atención, pero  que su ayudante en asuntos ambientales, Carlos López, ya sostuvo una serie de reuniones sobre su contenido. "No es cierto que estemos vendiendo  terrenos del Gobierno con valor ecológico; algunos de los proyectos ni siquiera  han llegado a las agencias de gobierno, y tercero, no ha existido una sola administración que haya invertido la cantidad de esfuerzos y recursos económicos que ésta en comprar y proteger terrenos ecológicamente  valiosos", dijo.

 

En cuanto a la adquisición de terrenos, Calderón puntualizó que esa inversión ya alcanza los $70 millones en la compra de casi 20 mil  cuerdas de terreno.

 

El Consejo, sostuvo Calderón, le ha ofrecido "un gran asesoramiento",  pero eso de inmediato quedó en cuestionamiento cuando dijo a renglón seguido  que sus más recientes denuncias "no tienen fundamento".

 

Aunque fue objeto de críticas por parte del grupo, la Gobernadora  apuntó que no piensa retirarle su confianza.

 

"Estamos en una democracia, cada uno tiene derecho a expresarse y tiene distintas razones y motivaciones para hacerlo... Me siento orgullosa  del trabajo que hemos hecho con los recursos naturales", afirmó.