Message: 9 Date: Wed, 21 Jul 2004 19:13:03 -0000 From: "ECOISLA" <ecoislapr@yahoo.com> Subject: Privatización del Balneario de Isla Verde
Privatización del Balneario de Isla Verde. Continuamos perdiendo el acceso a nuestro patrimonio. ¡Ni las playas se salvan !
De la consulta oficial 1986-20-2204-JPU y documentos públicos del Municipio de Carolina se desprende la posibilidad de que dicho municipio y su alcalde han aprobado una consulta de ubicación para el desarrollo de un proyecto residencial-turístico tipo condominio que estaría privatizando parte del balneario público de Isla Verde.
La consulta fue sometida por HR-Properties, Inc, por conducto de la firma de Arquitectos Gutiérrez-Latimer-Guitiérrez.
H-R Properties adquirió el arrendamiento que poseía Sunshine Isle Inn de dos predios colindantes y propiedad de la Compañia de Fomento Recreativo, localizados al Norte de la PR-187 (Ave. Boca de Cangrejos).
En uno de los predios, el de 5 cuerdas se propone un desarrollo residencial-turístico que se llamará Crown Plaza Hotel and Casino con la construcción de un edificio de 15 plantas y un sótano para la provisión de 89 espacios de estacionamiento. Este desarrollo turístico-residencial albergará 196 unidades residenciales.
El concepto de condo-hotel aplicado a este proyecto es uno en el cual las "suites" son privadas pero son administradas por la administración del hotel. Operación que se considera compatible con las restantes operaciones del referido hotel y casino.
De los documento citados se desprende que el Municipio de Carolina, bajo la Nueva Ley de Municipios Autónomos y Plan de Ordenación Territorial dio el visto bueno para esta expansión y nueva ubicación.
Según el Ingeniero Osvaldo Romero, vecino y residente de Isla Verde, no solo se están perdiendo aquí varias cuerdas de terreno público que conforman parte del patrimonio costero del pueblo puertorriqueño sino que se da continuidad a una política pública para cerrar el accesso de las playas a los puertorriqueños.
El referido proyecto caracteriza la pauta ya establecida por proyectistas miembros del Consejo Asesor de la Construcción para la Fortaleza, proyectistas como Joel Katz y Cleofe Rubí, cuyos proyectos promueven la privatización de sectores de playa en regiones como Cabo Rojo y Piñones y otros lugares de la costa.
Otros proyectistas como Arturo Madero. Colombiano residente en Puerto Rico y esposo de la financiera Zoila Levy, presidenta de Doral Financial Corporation y de la Junta del Museo de Arte de Puerto Rico, sostienen el mismo tipo de práctica como lo es el polémico y ampliamente discutido proyecto de Paseo Caribe en la entrada de la Isleta de San Juan. En dicho caso, los vecinos denunciaron se estaban violentado las leyes que requieren una distancia prudente en lo que se refiere como zona marítimo terrestre; además de trastocar el acceso al Fortín del San Gerónimo, patrimonio nacional visitado ampliamente por puertorriqueños y turistas hasta que se cerró su acceso debido a este proyecto.
Ya un poco fuera del ámbito del litoral costero y su privatización de playas, se refiere el dato de que son estos mismos proyectistas, quienes presionan al gobierno para privatizar y hacerse dueños del Museo de Arte de Puerto Rico a través de un fideicomiso.
Por otro lado si referimos las acciones, precisamente del gobierno de turno, en torno a nuevas políticas públicas para expropiar terrenos de titulares privados, como lo es al presente el caso de los vecinos de terrenos aledaños al MAPR en Santurce, y entregarlos a estos mismos proyectistas; podremos concluir que la presente administración gubernamental ha invertido su papel de proteger nuestro patrimonio para venderlo o regalarlo a precios de descuento o de ganga.
Para concluir y en consonancia con lo anteriormente expuesto es que precisamente hoy, desde las 6:00 p.m. en la Escuela de Bellas Artes de Carolina funcionarios del Municipio de Carolina han citado a la comunidad Villa Caridad, para presentar como única alternativa para mejorar la calidad de vida en esa región; un plan de expropiaciones. Expropiaciones que posibilitarían violaciones al presente plan para las comunidades especiales según denuncian miembros de esta comunidad.
Isla Verde, Carolina, nuestras playas, nuestras costas, museos y todo lo que pueda pertenecer a nuestro patrimonio, sin duda ha sido puesto a la venta en mercados privados. Pero sobre todo, lo que no tiene precio, lo que resulta intolerable es que nuestros gobiernos estatales y municipales pongan a la venta a los pobladores que por siempre han conformado las comunidades existentes y desplazarlos de lo que han sido sus hogares por siempre.
En un país con tanta violencia como la que vivimos, este tipo de violencia gubernamental institucional, de seguro da al traste con las medidas sociales que deberíamos estar implantando en vías de mejorar nuestra calidad de vida y perseguir un desarrollo sostenible.
¡Ni nuestras playas se salvan !